PP y NC plantean un fondo de ayuda a los desahuciados

Almudena Sánchez
ALMUDENA SÁNCHEZ

El Partido Popular (PP) y Nueva Canarias (NC) plantean que el Gobierno autonómico cree un fondo de ayuda para las víctimas de expedientes de desahucio cuya situación sea declarada en emergencia social. La financiación de ese fondo saldría directamente de los presupuestos anuales.

Los grupos parlamentarios empezarán esta semana a debatir las enmiendas que cada uno ha presentado al proyecto legislativo que modifica la Ley de Vivienda, con el fin de poner freno a los desahucios.

En el caso del PP, éste plantea eliminar la expropiación temporal del uso de la vivienda contemplada en el proyecto de ley y por el resto de los partidos del arco parlamentario para parar los desahucios.

Los conservadores proponen «un fondo para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada a todas aquellas personas en especiales circunstancias de emergencia social como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria o desahucio por ejecución hipotecaria o impago de alquiler de vivienda habitual».

Además, el PP aboga porque el «Gobierno acordará con el Consejo General del Poder Judicial un procedimiento para que los órganos judiciales alerten a la administración autonómica cuando detecten supuestos de especial vulnerabilidad como consecuencia del desalojo».

En lo que respecta al grupo Mixto, en el que está integrado NC, éste sugiere un «programa de ayuda de emergencia a la hipoteca y al alquiler para que, si no fuera posible una solución de mediación, se concedan ayudas económicas, por un plazo de 12 meses prorrogables, a las familias en riesgo de exclusión para hacer frente a los gastos originados por el pago de las cuotas hipotecarias o de las rentas de alquiler de la vivienda habitual».

Como añadidura, el grupo minoritario de la oposición incluye la situación de los profesionales autónomos que han visto perder su vivienda por haberla tenido que presentar como aval.

De esta forma, se indica que «se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en emergencia social que, como consecuencia de la ejecución de un aval que las mismas hayan prestado en orden a garantizar un crédito hipotecario, hayan de responder con su propia vivienda habitual, por encontrarse incursas en un procedimiento de ejecución o apremio instado por una entidad financiera, sus filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos».

A diferencia del PP, el grupo Mixto sí mantiene en el proyecto de ley la polémica disposición adicional cuarta que regula la expropiación temporal: «Se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del derecho de uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente».

El mecanismo de expropiación ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.