La otra orilla

Por un puñado de niños

Felizmente para todos, el presidente del Gobierno ya ha recuperado su trabajo diario. Lo primero que ha hecho ha sido ocuparse de los dos asuntos más urgentes de esta comunidad: prometer que el próximo choque entre Las Palmas y el Tenerife lo dará la televisión pública y vincular el desplazamiento a la Península de 500 hijos de África con el posible apoyo de Coalición Canaria a los Presupuestos Generales del Estado. Firmar las cuentas estatales no puede depender del eslabón más débil o, sensu contrario, tendríamos que llegar a la conclusión de que estos niños son una moneda de intercambio de intereses de nuestra clase política (lo que aún, fíjense mi ingenuidad, aún no creo que sea así). La diputada Ana Oramas tuvo en sus manos un documento en el que Coalición Canaria apoyaba esas cuentas. Son muchísimos los asuntos de negociación entre las administraciones alejadas geográficamente entre sí poco más de 2.000 kilómetros. El Ref, las ayudas al transporte, la delicada situación de nuestros ayuntamientos, la gravísima tragedia de los parados que gasten su prestación, la sanidad, la educación, nuestras universidades, el parón turístico y empresarial, el plan de renovación turístico, nuestros intereses en África y América, los puertos, los aeropuertos, las aguas… Por tanto, me niego a aceptar que una visita fugaz de la vicepresidenta, una conversación acelerada de tres minutos y un anuncio de la firma de un convenio (que no la firma en sí, ojo), sean suficientes para que los nacionalistas apoyen el documento de Solbes. ¿Qué nos quiere vender Rivero? No lo sé. De momento, me posiciono en contra de que se utilicen a los niños. Ni fomentando la presión para sacarlos de aquí, bien sea pasándole la responsabilidad a otra comunidad, ni aventurando la construcción de centros en Marruecos, Mauritania, Mali, Senegal o Gambia (se les va la fuerza por la boca, mientras otras comunidades ya gestionan centros así en países de origen desde hace muchos años). Si de verdad al presidente le preocupa el futuro de estos niños, debería preguntarse con cuántos papeles y en qué condición quedan al cumplir los 18 años, debería fomentar un cambio urgente de la ley del menor para incluir el nuevo fenómeno de los niño-cayuco (un agujero intolerable en la norma) y su regulación, pero no para quitárselos de encima, sino para protegerlos mejor, especialmente de gente como él y los suyos.