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Petróleo, de la calle a las urnas

Jueves, 1 de enero 1970

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El Gobierno central ha demostrado, una vez más, su absoluto desprecio a Canarias, sus instituciones y, en definitiva, a sus ciudadanos y ciudadanas. En esta oportunidad, con la decisión de permitir la realización de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a nuestras costas. Desoyendo la opinión del Parlamento canario, de su Gobierno, de la mayoría de los cabildos insulares y de la totalidad de los ayuntamientos de Fuerteventura y Lanzarote (donde hasta dirigentes y militantes conservadores comienzan a expresar sus discrepancias), los territorios más cercanos a los pinchazos que hará Repsol. Cualquier accidente, como los que han sucedido en otras zonas del mundo, puede dañar gravemente al medioambiente, a la fauna y flora marina, a las costas y playas de Canarias. Y, en consecuencia, causar un daño irreparable al modelo turístico, que supone un tercio de nuestro PIB y que sustenta buena parte del empleo. Señalar, como ha apuntado un concejal del PP en el municipio lanzaroteño de Teguise, que se lograrían numerosos puestos de trabajo en las tareas de limpieza de un posible vertido, resulta tan penoso como cínico. Aunque también muy propio de la mentalidad de los colonizadores: beneficios para unos pocos, en ese caso una multinacional, y perjuicio para la mayoría local. Se trata de un asunto que, pese a su enorme complejidad, está logrando un importante debate y sensibilidad social, muy por encima de otros temas de enorme trascendencia de la actual agenda política. Traduciéndose en masivas movilizaciones ciudadanas, como las de marzo de 2012 o las de este 7 de junio. En este asunto hemos coincidido con el Gobierno de Canarias, sin dejar de ser críticos con otras decisiones que consideramos se apartan de un modelo energético sostenible. En especial con su intento de implantar el gas, cuando tenemos extraordinarias condiciones para avanzar en las energías renovables, más limpias y más baratas; que generan empleo cualificado y disminuyen la dependencia del exterior. A pesar del varapalo sufrido por el PP en Canarias en las elecciones del 25M, de manera especial en las islas orientales donde ha perdido el 50% de sus votantes, el Gobierno de Rajoy y Soria ha llevado a cabo un auténtico atropello a Canarias y a su gente al autorizar el comienzo de las prospecciones, tras emitir el Ministerio de Medio Ambiente una declaración de impacto ambiental favorable. Las urnas han mostrado la sensibilidad de la ciudadanía ante el tema y la confirmarán, sin duda, en futuros comicios. El Gobierno central ha puesto por delante los intereses de una empresa que se llevará todos los beneficios que genere la futura explotación si finalmente hay gas o petróleo en cantidad y calidad suficientes- y que se limitará a pagar en Madrid, con todas las deducciones habidas y por haber, el impuesto de Sociedades. A Canarias, por su parte, le corresponderán todos los riesgos de un posible vertido. Y sin ser ni siquiera escuchada. referéndum. No sólo nos encontramos ante un tema que puede afectar a la naturaleza y al medioambiente de las Islas, así como a su modelo económico, sino también ante una manera de entender la democracia; esa visión limitada, empobrecedora, que tanto está contribuyendo al desprestigio de las instituciones y a la desconfianza ciudadana. Desde Nueva Canarias siempre hemos señalado que corresponde a los hombres y a las mujeres de Canarias, así como a sus representantes institucionales, tomar la decisión sobre un asunto de semejante relevancia. En consecuencia, hemos participado activamente en las movilizaciones e impulsado y aprobado mociones en las instituciones en que tenemos presencia. En las próximas semanas nuestro diputado Pedro Quevedo volverá a interpelar a Mariano Rajoy en las Cortes, solicitándole que atienda la petición de consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias. En mi opinión, es de una enorme gravedad institucional el impresentable silencio del Gobierno del PP a la petición elevada por el Parlamento de Canarias, siguiendo todos los trámites procedimentales que prevé la vigente legalidad, para llevar a cabo un referéndum en torno a las prospecciones. Como contradictorio resulta el distinto posicionamiento del PP en Baleares y en Canarias. En el otro archipiélago hay unanimidad en el rechazo a las prospecciones y en destacar los efectos nocivos que tendría sobre su naturaleza y su modelo económico. Insistiendo el presidente Bauzá en que «nuestro petróleo es el turismo». Una posible declaración de impacto ambiental negativa en el caso balear, como algunos apuntan, sería un escándalo de enormes proporciones. movilización. Agotadas las vías del diálogo institucional, por la cerrazón permanente del Gobierno de España, hay que tomar otros caminos. El de la pacífica movilización de la ciudadanía en todos los rincones del Archipiélago. El de la presentación de recursos jurídicos ante distintas instancias estatales e internacionales. El del pronunciamiento de las organizaciones, movimientos sociales, ayuntamientos, cabildos y Parlamento de las Islas. Y, asimismo, el de arbitrar fórmulas que posibiliten realizar una consulta a la ciudadanía, para que esta tenga la última palabra sobre un asunto de enorme trascendencia para la Canarias de hoy y para la del futuro. Dado que el Gobierno español no ha tenido el más mínimo interés en buscar el diálogo, la negociación y el acuerdo. Dado que, de manera irrespetuosa, ni siquiera ha respondido a la propuesta canaria de referéndum, no queda otra opción que llevar a cabo una consulta ciudadana de manera unilateral. Y pasar de la calle a las urnas.

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