Peligra la supresión de las pistas

Ignacio S. Acedo
IGNACIO S. ACEDO

El Cabildo de Gran Canaria percibe un clima político «hostil y desfavorable» a la ejecución del proyecto para suprimir las pistas de atletismo del estadio, y, pese a que ya ha destinado en sus presupuestos 800.000 euros para las obras, podría dar marcha atrás y renunciar a esta reforma.

Lucas Bravo de Laguna ya ha mantenido varias conversaciones con Miguel Ángel Ramírez a propósito de la «atmósfera negativa» que percibe acerca de una iniciativa que tiene dividida a la representación política canaria, con la firme oposición del PSOE y Nueva Canarias, a invertir en una remodelación que «sería destinada a mejorar las condiciones de espectadores y usuarios», recuerdan desde el club. Y el presidente de la UD le ha trasladado que, pese a la vital importancia estratégica que conceden en la entidad a quitar las pistas («¿hacen falta hacer estadísticas para ilustrar el rechazo de la gente a las mismas?», insisten en Pío XII), entendería, que no compartiría, su nueva postura.

Bravo de Laguna, no obstante, mantendrá la hoja de ruta y seguirá adelante con los plazos para elegir el proyecto y adjudicar las obras, que, según lo previsto, deberían comenzar el próximo verano. Pero admite estar «cansado» de no sentir el apoyo que estima para seguir adelante. Salvando a Coalición Canaria, que, en boca de Fernando Bañolas, se ha mostrado interesada en conocer el proyecto en profundidad, y para tal efecto se ha concretado una reunión con los dirigentes de la UD, las otras dos fuerzas políticas «se oponen por oponerse, sin argumentación seria y haciendo uso de la demagogia», coinciden tanto Bravo de Laguna como los consejeros de la entidad, quienes recuerdan que la UD «fue forzada a su traslado del Insular» en el año 2004.

«Destinar 3 millones de euros a esta obra que, en su día, Nueva Canarias cifró en 30, para adecentar una instalación aún por acabar, supone el 3% de los noventa millones de euros que costó la construcción del estadio», matizó Patricio Viñayo, director general de la UD y que insiste en que este proyecto «persigue, por encima de la UD y el Cabildo, el beneficio de los espectadores» que acudan al coliseo de Siete Palmas, por lo que se garantiza «la amortización social de la instalación».