"Pagan los que no tienen nada"
Cáritas en Las Palmas de Gran Canaria ha mostrado su «total rechazo» a la medida que pretende poner en marcha el Gobierno y que obligará a los inmigrantes sin permiso de residencia a pagar 710 euros al año para tener asistencia sanitaria, según adelantó el diario El País.
El asesor legal de extranjeros de esta organización, Mustapha Gala, manifestó que «es sólo un paso tímido que se da pero no es suficiente. Un pequeño parche que no resuelve el problema real de estas personas», comentó. Según la información publicada por el rotativo nacional, las personas menores de 65 años de edad en situación irregular en España que quieran ser atendidas en centros sanitarios públicos deberán pagar 710,40 euros al año (59,20 al mes), mientras que, de 65 años en adelante, el coste de este servicio ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 mensuales).
Esta orden es fruto del Real Decreto publicado en el pasado mes de abril que delimitaba el acceso a la sanidad pública a los extranjeros sin permiso de residencia en vigor. «Nuestra preocupación como asociación que ayuda a este colectivo de personas es que se discrimina a ciudadanos por el hecho de estar en una situación irregular y que no pueden pagar ni un euro porque no tienen nada», exclama Mustapha Gala. «Es que parece que los dirigentes no entienden que hablamos de personas sin recursos y con una enorme dificultad para tener dinero. Si lo tuviesen, incluso negociarían con la medicina privada precios más asequibles de los que habla el Ministerio de Sanidad», relata el abogado.
Según esta información publicada en El País, «los menores de 65 años pagarían 177,5 euros menos de lo que se estima, por término medio, que gastará cada persona en esa franja de edad, y los mayores de 65, 466,3 euros menos, que serían asumidos por las Administraciones».
