'Operación Góndola': La Policía investiga el papel del Cabildo en la depuradora

La investigación de la 'operación Góndola' llega al Cabildo de Gran Canaria. Los servicios de inspección de la Policía estudian con lupa el expediente de concesión de una ayuda pública al proyecto de construcción de la depuradora de Taurito, promovida por el grupo Santana Cazorla. La subvención ascendió a 300.000 euros y en su trámite, los investigadores han detectado «posibles anomalías».

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Durante los registros de estos días, la Policía procedió a requisar el expediente de la subvención otorgada por la corporación insular, con el fin de que aporte «claridad» a los hechos, según fuentes oficiales de la investigación a las que ha tenido acceso este periódico.

Santana Cazorla invirtió unos 2 millones de euros en la construcción de la depuradora, con el fin de satisfacer ecológicamente las necesidades de vaciado de las aguas residuales de las zonas residenciales de Taurito. El grupo solicitó una ayuda pública al consejero del ramo, José Jiménez. Según la investigación, en las llamadas telefónicas interceptadas por la Policía, Jiménez aparece en más de una ocasión, al parece, mediando en la agilización del expediente a petición expresa del alcalde moganero, Francisco González.

Por el momento, la Policía ha adoptado una actitud prudente sobre las supuestas irregularidades que han llamado la atención de los investigadores. De hecho, un grupo de peritos analizará el expediente para determinar si el procedimiento fue el adecuado y, sobre todo, si se incumplió la legalidad vigente en lo que respecta a un posible trato de favor a un operador de privado, como pudo ser la celeridad en los trámites ante el riesgo de que pudiera extinguir el plazo.

Emplazamiento

Las mismas fuentes quieren saber si el expediente de la subvención es «correcto» o si una de las partes «miente» cuando acreditan documentalmente cómo iba a quedar emplazada la depuradora.

De hecho, la parcelación de la planta de reciclaje de aguas es uno de las piezas claves que investiga el Juzgado de Instrucción Número 6 de San Bartolomé.

Los investigadores no descartan que el Juzgado llame a declarar al consejero de Aguas de la coporación, José Jiménez, para que dé su versión sobre los trámites, plazos y requisitos incorporados al expediente de la ayuda, así como por algunas de las conversaciones interceptadas.

De hecho, un asesor financiero del grupo privado prestó ayer declaración ante la Policía en lo concerniente a la subvención.

La depuradora funciona desde hace unos meses.

Más información en el periódico CANARIAS7

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