'Operación Góndola': La Justicia investiga a Adán Martín

Esa condición de aforados de Adán Martín y Domingo Berriel motivó al juez de instrucción a elevar una pieza separada al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro, para que evaluara el alcance de los hechos.

El TSJC dará traslado ahora a la Sala de lo Civil y lo Penal para determinar si asume el caso o si lo remite al Juzgado de Instrucción Número 6 de San Bartolomé de Tirajana para que amplíe el curso de la investigación, sujeta a secreto sumarial.

Las sospechas judiciales sobre Adán Martín, Domingo Berriel y Salvador Iglesias, están relacionadas con el expediente de desclasificación de 3.600 camas en Anfi Tauro, cuya edificación está bloqueada por la vigencia de las directrices del territorio y de la moratoria turística.

Como se recordará, el Cabildo de Gran Canaria aprobó en su día la declaración de interés público para el proyecto turístico de Anfi, promovido por los empresarios Bjorn Lyng (fallecido el pasado año) y Santiago Santana Cazorla. El trámite definitivo para autorizar la construcción se cierra en el Parlamento, pero antes precisa de la credencial del Gobierno autónomo.

La información que obra en poder del juez Reyes está contenida en conversaciones, meses atrás, de Santana Cazorla con el presidente del Gobierno, el consejero de Medio Ambiente y Salvador Iglesias. Los diálogos corresponden a los pinchazos telefónicos autorizados por el juez sobre el empresario desde el inicio de la operación góndola en junio del pasado año. En estas conversaciones, Santana Cazorla urge a los miembros del Ejecutivo a autorizar el expediente de las 3.600 camas de Anfi ante la proximidad de las elecciones en mayo.

Un día después de ser detenido y pasar la noche en el calabozo, Santana Cazorla pudo confirmar el pasado martes en su declaración ante el juez instructor la existencia de las conversaciones con los representantes del Gobierno. De hecho, fuentes del caso consideran que los abogados del inversor turístico y constructor pudieron comunicar el mismo martes a Presidencia del Gobierno el interés del Juzgado por la posible responsabilidad del jefe del Gabinete.

No hay imputación

La entrada en escena de Adán Martín en las operaciones urbanísticas de Mogán no significa, necesariamente, la consideración de imputado del jefe del gabinete; la misma consideración se extiende a los otros dos cargos. Sin embargo, no se descarta que en la pieza separada que estudió ayer el TSJC se prevea ya la posibilidad de que sean llamados a declarar para zanjar las dudas que suscita la investigación.

El juez tampoco ha visualizado qué posibles delitos pueden derivarse de las escuchas. Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan al tráfico de influencias y al cohecho como figuras penales susceptibles de una investigación «más detallada».

Estas fuentes anticipan que el caso durará meses y que las ramificaciones son «tan amplias que van a requerir dedicación y tiempo». Según trascendió ayer, las conversaciones entre el empresario y los miembros del Gobierno se refieren al expediente de Anfi, con el fin de acelerar su tramitación y aprobación. Iglesias habló varias veces con Santana Cazorla, lo mismo que Berriel y Adán Martín.

Los investigadores dan importancia a la documentación requisada el pasado lunes a Santiago Santana, en su detención en el aeropuerto de Gran Canaria.

El empresario iba a Tenerife para entrevistarse con Domingo Berriel y, en la captura, portaba un maletín personal con papeles confidenciales sobre Anfi, en posesión ahora del juez.

Tanto la policía como el servicio de Prensa del TSJC guardaron ayer mutismo absoluto sobre el contenido del escrito del juez. El TSJC tan sólo confirmó la recepción del escrito. Su departamento de Prensa no informó sobre los nombres de los aforados, como pudo decirse de una primera información de este periódico en la edición digital.

Más información en el periódico CANARIAS7