No hay ‘Plan b’

09/10/2010

Al Gobierno canario le queda lejos la propuesta del Plan B del Banco de España ante el riesgo de una nueva recesión. "Bastante tenemos con recortar mil millones de euros para 2011". Sin embargo, el Ejecutivo de Paulino Rivero lleva muy en secreto la estrategia del que será el mayor reajuste en la historia del presupuesto público.

Hace menos de dos semanas, la ute que lidera FCC para la construcción del Palacio de Justicia en la capital grancanaria, recibió una llamada de un alto cargo de la Administración. "No hay dinero. Tenemos que posponerle el primer plazo hasta 2013. Eso sí, se lo abonaremos con intereses". La empresa colgó el teléfono atónita. Hubo varias comunicaciones a la central de las Koplowitz en Madrid para contrastar los hechos. "No es sólo Canarias. Se está replicando en varias zonas del país".

Hace 48 horas, las cuatro torres del Palacio de Justicia estaban paradas, tal y como constató este periódico. El movimiento de obras se reducía a unas simples operaciones de traslado de escombros. Nada más.

En la Consejería de Presidencia Justicia no cunde el desánimo, porque dan por hecho que FCC asume «la envergadura de la crisis», según fuentes oficiales. Pero las empresas no entienden de consciencias porque las condiciones crediticias de los bancos continúan muy restrictivas. «El horizonte es de total estancamiento», relató ayer resignado a este periódico el secretario general de la patronal, José Cristóbal García.

El futuro del Palacio dependerá ahora de la capacidad de persuasión del Gobierno. «La obra es un cartel prioritario para la campaña electoral. Si se queda así, le lloverán las críticas», según fuentes próximas a la ute.

Ruano por soria.

En medio de la tormenta política que supone recortar mil millones de una tacada (el presupuesto bajará de 7.000 a 6.000 millones), Paulino Rivero optó por cambiar a José Miguel Ruano en la dirección de un equipo que reglamente los gastos corrientes.

Pero lejos de una nueva disputa entre presidente y vicepresidente, Rivero optó por el pragmatismo para meter en cintura a los consejeros de CC. Los últimos Consejos de Gobierno han sido un llanto tras otro para dilatar el debate. "Nadie quiere dar el primer paso. La Administración ha crecido mucho".

Las consejerías del PP son más disciplinadas, de ahí que sea Ruano el encargado de meter tijera en uso de automóviles, dietas, fotocopias a color y demás gastos «prescindibles». Con todo, el consejero de Presidencia no llegará ni a 30 millones en el mejor de los casos. "El grueso, casi todo el montante, se cargará a costa de la inversión pública".

Y en este tramo de la incertidumbre económica es donde el Gobierno regional, al igual que el de Rodríguez Zapatero, está «incómodo» con la previsión de ingresos y gastos. Por imposición de la Unión Europea, España está obligada a resituar el déficit público en el 6% sobre el 11% actual, lo cual obliga a disponer de 'medidas compensatorias' para recomponer las finanzas públicas. Pero para desolación de ciudadanos y empresas, el Gobierno central y el autonómico no han articulado un Plan B, tal y como reclama Fernández Ordóñez.

Ese plan sólo tiene, a juicio de varios analistas, «pocas direcciones»: subida de impuestos, recortes a la inversión productiva o un cambio de timón en el gasto público. "Habrá que meter mano a la Seguridad Social, pero, ¿qué partido asume el coste ante unas elecciones".

En Canarias, las empresas admiten que la reducción del déficit al 6% «lastra el empleo y la actividad» en una coyuntura donde la inversión pública «es la única tabla de salvación».

Además, el talón de Aquiles de las cuentas públicas tiene nombre propio: ayuntamientos y cabildos, cuyo 'descontrol' fiscal es de tal dimensión que varias corporaciones están en quiebra. "Lo del Palacio de Justicia se va a repetir en muchos municipios hasta el punto de que algunos empresas prestatarias de servicios se plantean paros selectivos".

En Canarias, los municipios deben a los bancos unos mil millones, la misma cantidad que debe recortar el Ejecutivo.

En España, los ayuntamientos no pueden quebrar, ni tampoco ser embargados. Betancuriaes el más endeudado, con 2,5 millones, a razón de 3.300 euros por habitante. «Sería muy conveniente un Plan B ante la larga duración de la crisis, que perdurará al menos hasta 2018».