Movilizaciones contra el "decretazo" del Gobierno canario que afecta a 20.000 sustitutos e interinos

09/03/2010

Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Administración Pública en Canarias, CCOO, Intersindical Canaria, SEPCA, UGT y Cemsatse, anunciaron hoy movilizaciones contra el "decretazo" del Gobierno regional respecto a su proyecto de decreto de personal que "pone en peligro" el puesto de trabajo de "al menos 20.000" sustitutos e interinos en el Servicio Canario de Salud y en educación y conlleva la "pérdida de calidad en los servicios públicos", por lo que no descartan una huelga general.

Así lo anunciaron hoy en rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, Silvia Rodríguez, de Intersindical Canaria, y el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, José Ramón Barroso, que adelantó que mañana y el jueves se celebrarán asambleas de interinos y sustitutos, el 16 de marzo se desarrollarán concentraciones en todas las islas y el día 19 manifestaciones en las capitales.

"En principio una huelga general no es la intención inicial, pero si el Gobierno sigue actuando de esta manera a golpe de decretazo y de normativa impuesta, tarde o temprano la huelga general va a tener que ser un hecho en Canarias", admitió Barroso, que espera que se "reconduzca la situación".

El representante de CCOO explicó que los sindicatos han asistido hoy en la Mesa General de Funcionarios Públicos a "la defunción de las actuales listas de reserva que venían funcionando en Canarias desde hace más de 20 años". "La administración se empeña en aprobar un decreto rechazado por todos los sindicatos y no admiten más negociación ni plazo para consenso". "Nos vemos obligados a anunciar movilizaciones", argumentó.

Por su parte, Silvia Rodríguez acusó al actual Gobierno autonómico, formado por Coalición Canaria y PP, y a los anteriores Ejecutivos, de haber "permitido que haya una tasa muy alta de interinidad en educación y sanidad".

"De repente se encuentran que quieren reducir interinos y, en vez de abrir una negociación, quieren echar de un plumazo por la vía de la imposición a miles de trabajadores, con una media de 15 años de antigüedad trabajando y con edades que superan los 45 años, una situación que advirtió de que, además, "lesiona derechos".

Según Rodríguez, "frente al problema del volumen de interinos, el Gobierno canario quiere hacer borrón y cuenta nueva y cargarse las listas de interinos en salud y educación, con todas las especialidades, y convocar oposiciones, oferta de empleo público, para ordenar a todos en función de la nota del examen, sin tener en cuenta su experiencia".

Ante ello los sindicatos destacan que esta problemática "no se resuelve con despidos masivos y eso es hasta ilegal". En opinión de Rodríguez, "es inadmisible y vulnera todo tipo de legalidad que no se sienten a negociar con todos los sindicatos". "No queremos ni un solo despido de un trabajador", remarcó Rodríguez.

Insistió en que se convocará una huelga general "si los trabajadores lo piden" porque "el objetivo es que no llegue este decretazo al Consejo de Gobierno". 

Asimismo, planteó que en la reunión hoy en la capital grancanaria de la Mesa General de Funcionarios Públicos se evidenciaron "incongruencias", ya que "los propios" responsables de Educación del Ejecutivo admitieron que no estaban de acuerdo con una parte del texto legal del decreto que alude a una transitoria de los interinos incluidos en el Plan Especial de Claustros Inestables. "Ni el propio Gobierno se pone de acuerdo", apostilló Rodríguez.

En los mismos términos se expresó el coordinador de Intersindical Canaria en la Mesa General de Funcionarios Públicos, Rafael Rodríguez, que informó de "brechas sustanciales en los criterios de la propia administración y que han evidenciado la disparidad de visiones que tienen ellos mismos".

"Están previstas movilizaciones y cada vez más contundentes, aunque ello dependerá de la postura del Gobierno", reiteró Rodríguez, que acusó al Ejecutivo autonómico de "pretender despachar" a miles de sustitutos e interinos, cuya experiencia "pone en tela de juicio y no se tiene en cuenta para valorarlas en una lista de reserva de personal". REUNIÓN CON RIVERO

Igualmente, alertó de que la medida de la administración supondrá una "pérdida de calidad en los servicios públicos". A su juicio, es "extremadamente clave que el Gobierno regional no se ha sentado a negociar con los sindicatos más representativos y no hay ninguna voluntad negociadora, sino que se impone y ya está".

Recordó que el archipiélago soporta un 26 por ciento de paro, un 30 por ciento de temporalidad de su empleo, que tiene un 69 por ciento de mileuristas en su población activa y la mitad de la población juvenil en paro, que ha pasado de un 19 por ciento de su población en el umbral de la pobreza en el año 2005 a un 33 por ciento en el año 2009. De ahí que solicitó a CC y PP que paralicen su "disparatada política de personal que está llevando a la precariedad laboral a miles de trabajadores".

"Éste va a ser un año sindical y socialmente muy caliente", vaticinó Rafael Rodríguez, que reclamó una reunión de todas las organizaciones sindicales con el presidente canario, Paulino Rivero, a fin de "intentar darle salida a este conflicto y que cambie el espíritu antinegociador del Gobierno", puesto que, ante la actual situación de crisis económica, considera que "la estabilidad en el empleo es una prioridad".

Para CCOO, Intersindical Canaria, SEPCA, UGT y Cemsatse, "el Gobierno quiere ahorrarse el dinero a base de eliminar, a través de supuestas propuestas de ordenación de personal, aquel personal interino, indefinido y sustituto que son garantía de experiencia".

"Esa afán del Gobierno por ahorrar dinero para pagar la mala gestión que han hecho lo van a pagar los empleados públicos que están en situación más precaria (interinos, indefinidos y sustitutos), lo que pone en peligro la prestación y la calidad de servicios en la sanidad pública, en la educación pública canaria y en los servicios sociales", insisten.

Asimismo, critican que "este afán de acabar con los servicios públicos no se aplica al Gobierno, los altos cargos políticos, los altos cargos y responsables de fundaciones, agencias y empresas públicas".

"Mientras el decretazo de las listas de sustituciones que denunciamos las organizaciones sindicales va a significar menos personal en los hospitales y un incremento en las listas de espera, el cierre de muchas escuelas unitarias, mayor ratio de alumnos por clase en nuestras escuelas y un deterioro de los servicios públicos en general, afectando a miles de trabajadores, los políticos, altos cargos y asesores del gobierno siguen disfrutando de los beneficios que ningún empleado público ni privado tiene en el archipiélago", denuncian los sindicatos.

Por último, acusaron a CC y PP de "vulnerar reiteradamente los derechos de todos los empleados públicos y situarles en una situación de abusos y atropellos constante malogrando las mejoras que se habían conseguido en la prestación de los servicios públicos".