Más de mil millones de euros en pifias políticas sin culpables

16/11/2008

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, ha lanzado la voz de alarma. «La herencia hallada en el Ayuntamiento» hipoteca la capacidad de gestión de la principal corporación municipal de Canarias. Días antes, el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, confiaba en que el Tribunal Supremo frene el pago de los 103 millones de euros al propietario de la cantera de la montaña de Tebeto, Rafael Bittini, porque, lo contrario, supondría una importante mordida a las maltrechas arcas autonómicas. La indemnización a canteras Cabo Verde supone el 1,3% de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2009. Problemas financieros en Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria e intentos de negociación con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para abordar el pago de cuatro millones de euros por una expropiación indebida son sólo dos de las millonarias indemnizaciones y deudas que tiene que afrontar Saavedra.

La irresponsabilidad de los servidores públicos carece de ideología y color político pero sus consecuencias producen vértigo, erosionan el estado de derecho y la actividad política. Las consecuencias económicas de siete de los ocho expedientes destacados en este trabajo, salvo el de Emalsa, son de escándalo. Unos 1.055 millones de euros (175.763 millones de pesetas) que carecen de responsables. Nadie renuncia al cargo ni hasta el momento se han visto consecuencias en las carreras políticas posteriores.

Tindaya es uno de los ejemplos más claros de que la búsqueda de responsabilidades políticas, a través de las comisiones de investigación, tampoco funciona. Tras meses de trabajo en el Parlamento regional, las conclusiones veían indicios racionales de delito que debían ser examinados por la Fiscalía Anticorrupción y pedía responsabilidades políticas a todo el gabinete autonómico de Manuel Hermoso. Las componendas entre los grupos parlamentarios evitó que se aprobara el dictamen de una comisión de investigación, que por lo menos desveló que los fondos públicos se habían pagado sin recibir nada a cambio. La herencia financiera aún se está abonando.

Este caso terminó en los juzgados porque el Gobierno regional decidió iniciar acciones contra los responsables de la empresa pública Saturno, que participó en la creación de la sociedad pública Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, SA, junto con la empresa privada Cabo Verde, SA. También demandó a las constructoras. Por ahora, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma no han ganado ni una de estas batallas.

Tindaya no fue del interés de la Fiscalía Anticorrupción en las Islas. Sin embargo, casos como el de los parques eólicos, la playa de Las Teresitas y el más reciente del Salmón han derivado en sendas imputaciones al vicepresidente regional, José Manuel Soria, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y la solicitud de condena a siete años de prisión para el ex director general regional de Industria, Celso Perdomo.

Estos presuntos ejemplos de corrupción, y otros más que están siendo investigados legal y jurídicamente, sí terminarán delimitando el alcance de las responsabilidades. Sin embargo, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, aprovechaba el escenario del XI Congreso regional del PSC, para reivindicar frente a los más altos dirigentes del PSOE federal la necesidad de establecer obligaciones personales para los servidores públicos, es decir, una ley de responsabilidades.

Montaña Tebeto: 103 millones de euros

La consecuencia económica más costosa para la comunidad autónoma por las decisiones de los gobiernos canarios, hasta el momento, está relacionada con Montaña Tebeto, en Fuerteventura. Los hechos datan de 1993 siendo presidente regional el líder del PSC, Jerónimo Saavedra.

Justicia. Canteras Cabo Verde de Rafael Bittini acude a la vía judicial para denunciar la decisión del Ejecutivo de declarar caducada una concesión de investigación de 1982. El pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condena al Gobierno canario a pagar 103 millones de euros.

Proyecto de Tindaya: 41 millones de euros

El proyecto del escultor fallecido Eduardo Chillida para la Montaña de Tindaya, también en Fuerteventura, después de 13 años, ha costado 41,5 millones de euros, no se ha movido ni una piedra y la factura final se desconoce. Se siguen pagando intereses.

Origen. El Gobierno de Manuel Hermoso, en 1995, aprueba este proyecto. Saturno empleó 12,9 millones. A las constructoras se les pagó 12,7 millones, los sondeos costaron 3,5 millones, los intereses por avales 14,9 millones, las pérdidas de PMMT un millón y los notarios 7,8 millones. La Administración reclama judicialmente 11,7 millones.

Moratoria: 3 millones de euros

A comienzos de 2001, el gabinete autonómico de Román Rodríguez aprueba el decreto de la moratoria por el que se suspendieron cautelarmente las construcciones turísticas. Fue anulado pocos meses después por el TSJC. El caso pasa al Tribunal Supremo que, hace un mes, secundó al tribunal canario. Pero en 2003, el Ejecutivo aprueba las directrices conteniendo la moratoria.

Indemnizaciones. El TSJC, hace siete meses, emitió la primera sentencia. El Ejecutivo debe pagar unos tres millones al grupo Seaside Hotels, dirigido por Gerlach. El Gobierno acudió al Supremo. Diez recursos más, pendientes.

El canódromo:  hasta 34 millones

El plan especial del Canódromo tramitado entre 2001 y 2003 durante el mandato del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha generado varios pleitos judiciales. Dos de ellos, que dan por anulado el plan especial, están pendientes de resolución definitiva en el Tribunal Supremo.

Cuantías.Todavía está por fijar el coste económico, en función de lo que determinen los tribunales. En el primero de los dos pleitos, el afectado (Mand Electicidad) reclama algo más de un millón de euros. En el segundo, la constructora Realia ha calculado que la indemnización rondaría los 33 millones.

Emalsa: Valor "trascendental"

La sentencia que anula la venta de Emalsa, conocida esta semana, tiene un impacto «trascendental», según el alcalde, pero aún están por determinar las consecuencias económicas que genera. La empresa recurrente, Aquagest, hoy Canaragua, insiste en que su única pretensión es gestionar la compañía del agua, que no busca dinero alguno.

Ajuste.La ejecución de la sentencia obligará en todo caso a un ajuste de cuentas entre la ganadora del pleito y los dos accionistas privados de Emalsa.

Expropiaciones: más de 62 millones firmes

Antes del 11 de diciembre próximo, el Ayuntamiento capitalino tendrá que abonar 3,9 millones por una expropiación de 1969 en la carretera de Tafira. Es el pleito más urgente, porque el alcalde ha sido advertido de que incurrirá en desacato si no paga antes de ese día.

Reconocidos. Entre obligaciones judiciales y expropiaciones pendientes de pago ya reconocidas, el Ayuntamiento acumula una cuantía cercana a los 60 millones de euros, aunque varios casos están pendientes de que se fije el valor final de expropiación. Un solo propietario en San José del Álamo reclama 23 millones de euros.

Pio de Gran Canaria: tras fallos de 759 millones  

Las actuaciones del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria y del corredor viario del Norte de esta isla que el TSJC considera ilegales suman un presupuesto estimado de 758,69 millones de euros, sin contar la anulación de los suelos Bb3 ni la inversión asociada al aprovechamiento del banco de arena de Pasito Blanco.

Recursos. El Cabildo ha puesto tres recursos este año ante el Tribunal Supremo contra autos del TSJC contrarios al PIO vigente. El último anula actuaciones como la carretera de Agaete a La Aldea y la tangencial de Telde y la ampliación del puerto de Arinaga.

Compra de Las Teresitas: anulada por los tribunales

La operación de compraventa de la playa de Las Teresitas, primero por los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González y, luego, por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a éstos el frente de playa ha sido una de las operaciones más chapuceras que se recuerdan en Tenerife. El Ayuntamiento pagó 52,6 millones de euros.

Expolio. El propio Ayuntamiento ha acabado dado la razón a los dueños del Valle de Las Huertas expoliados por la junta de compensación. La compra del frente de playa ha sido anulada por el Supremo y sus protagonistas están imputados penalmente por el TSJC.