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ACN Press
Jueves, 1 de enero 1970
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El área de Medio Ambiente de la CE paralizó su propio informe en el que daba luz verde a esta infraestructura el pasado mes de enero, a cinco días de ser sometido al visto bueno del Colegio de Comisarios con el objetivo, según le explicó ayer al presidente el comisario Stavros Dimas, de estudiarlo mejor.
“Ya lo han conseguido”, afirmó Martín, alertando del riesgo de que el puerto quede también fuera del reparto de los “próximos fondos, que serán los últimos”, si la autorización de Bruselas sigue demorándose, igual que “éstos 72 millones se han ido a otro lado de España”. Consideró que el departamento de Dimas está cediendo a la presión de los ecologistas, que “a base de decir todos los días las mismas falsedades“ están sembrando la duda. A la pregunta de si los considera culpables de la pérdida de los fondos europeos, contestó rotundamente que sí. En una entrevista concedida al programa El Semanal de Radio Club Tenerife, el titular del Ejecutivo autónomo reconoció que está “muy preocupado“ porque el comisario se negó ayer a comprometer una fecha para emitir su informe y expuso su convencimiento de que la CE “está aguantando el expediente sin ningún sentido”. Reivindicó el derecho de Canarias y España a que Bruselas “resuelva”, porque técnica y administrativamente no tiene ninguna pega y es una obra “fundamental para el desarrollo social y económico de Tenerife, sin la cual la Isla tendrá un problema muy importante". Incidió en que el puerto va a implicar una mejora del medio ambiente, en contra de lo defendido por los ecologistas, porque permitirá la introducción del gas en la Isla y reducirá los transportes por carretera de materiales peligrosos o pesados, lo que acabará a su vez con “riesgos absurdos”. Por todo ello, aseveró que la infraestructura portuaria de Granadilla de Abona se ha “demostrado necesaria“, como ha ocurrido con la central de producción eléctrica ubicada en el mismo término municipal, que también contó con una intensa oposición. “¿Qué hubiera sido de Tenerife sin la central de Granadilla cuando el Delta?, se preguntó como ejemplo. También aseguró que el proyecto del Gobierno cuenta con “todas las medidas medioambientales y de seguridad” necesarias y recordó que existe el compromiso de la Autoridad Portuaria de la Provincia para constituir una fundación dedicada al estudio de las corrientes marinas y el mínimo impacto de las obras portuarias. Por último, resaltó que el puerto cuenta con el apoyo masivo de todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias, del Cabildo de Tenerife, así como de los ayuntamientos de Santa Cruz y Granadilla, que son los afectados por la modificación de la planificación portuaria de la Isla. El presidente también aludió al respaldo del Gobierno del estado, hecho público por boca de algunos ministros, y confirmado por la presencia ayer el embajador permanente de España en la UE en la reunión que mantuvo sobre este asunto con Stavros Dimas en Bruselas.
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