Los trabajadores sociales denuncia el progresivo deterioro de la vida de la población

La ciudadanía hace reclamaciones que la Administración no responde: "Silencio administrativo, ¿denunciar judicialmente', ¿con qué dinero?, ¿para esperar cuánto tiempo?", se pregunta el presidente de los trabajadores sociales.

CANARIAS7

El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas convocó de forma urgente el pasado día 1 a todas las personas que desarrollan su labor profesional en los distintos Ayuntamientos de Gran Canaria con el fin de valorar “la gravísima situación que se viene dando en los mismos, especialmente en el área de los Servicios Sociales Públicos -y que se agravará aún más a partir de enero próximo - tanto en relación con la población atendida como en los puestos de trabajo de estos y otros profesionales del ámbito de lo social (Auxiliares, psicólogos, pedagogos, educadores sociales, fisioterapeutas, animadores, etc.)”, explicó su presidente Domingo Viera. “Hoy queremos hacer pública esta valoración y denunciar, una vez más, el progresivo deterioro de la vida de la población, especialmente la más empobrecida, la desaparición progresiva de los puestos de trabajo de las personas que los atiende y trabajan con ella y, con todo ello, la desaparición del Sistema Público de Servicios Sociales”, aseveró durante la rueda de prensa convocada este jueves en la sede institucional. “También queremos denunciar la última vuelta de tuerca del Gobierno Estatal que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros y que ya adelantó ayer el presidente del gobierno en el Parlamento”, continúo Viera. Tras la reunión mantenida por los profesionales del sector, se han planteado muchas propuestas, entre ellas, tal y como apuntó el presidente provincial “de momento este colegio y esta profesión llama a participar activamente en los distintos actos públicos de protesta contra estos recortes que atentan claramente contra el Sistema Público de Servicios Sociales”.

Concretamente desde el colegio profesional, se ha optado por unirse a las convocatorias, a nivel europeo, estatal y canario, que habrán los próximos días 15 y 18 del presente mes de diciembre. Así mismo se va a constituir una plataforma de profesionales del ámbito social y la ciudadanía afectada o en su defecto “unirnos a las plataformas ya existentes”, confirmó Viera. Entre otras medidas, se recogerán firmas de apoyo contra el desmantelamiento del sistema público, se potenciará el proceso participativo hacia la aprobación de una nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias que garantice los derechos sujetivos de todas las personas a unos Servicios Sociales Públicos; se promoverán puntos donde se puedan entregar denuncias y propuestas y solicitar información; se invitará a las personas perjudicadas a hacer uso del sistema judicial para exigir sus derechos y se recogerán datos de la situación para hacerlas públicas. Constatación con los ayuntamientos “Hemos hecho un recorrido por la situación de los Servicios Sociales en los distintos Ayuntamientos de Gran Canaria, el resto de las islas están más o menos igual o peor, según la isla, y una primera aproximación a esta realidad en la que van a quedar los mismos, a pesar de la nebulosa informativa que hay desde el Gobierno Autónomo de cómo va a quedar definitivamente el presupuesto para 2011, que se aprobará a final de este mes”, informó Viera. Las constataciones más importantes son de un lado, “la drástica reducción” del 12% del presupuesto estatal, “la Consejera está diciendo que aquí se van a prorrogar. No dice hasta cuándo. Nos tememos que hasta las elecciones. Pero ¿cómo se van a prorrogar si ya hay un 12 % menos a nivel estatal y CC va a apoyar esos presupuestos? Nos mienten”, afirma categóricamente el presidente de los colegiados de la provincia de Las Palmas. De otro lado, asegura Viera, que “desaparecerá la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ya que prácticamente desde el mes de abril pasado, en algunos Ayuntamientos desde enero, no se da de alta en nómina de la PCI a nadie”. Confirma que tan sólo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria “podemos decir que entre 450 y 500 solicitudes aprobadas están si asignación económica por falta de dinero”.

Asegura Viera que las renovaciones que se hacen cada seis meses “están totalmente paradas. Sólo en Las Palmas hay más de 200. En Canarias este retraso afecta a más de1.700 personas”. Insiste en que la ciudadanía hace reclamaciones que la Administración no responde.

“Silencio administrativo. ¿Denunciar judicialmente? ¿Con qué dinero? ¿Para esperar cuánto tiempo?”, afirma, e incide en que “la señora Consejera dice que se va a aumentar la partida para la PCI en 2.000.00 de euros. Tenemos que decirle que con esa cantidad no da ni para poner al día los expedientes pendientes de renovación de 2009 y 2010. Si a esto le añadimos que, a partir de febrero próximo, el Gobierno del Estado suprimirá los 426 euros a los parados de larga duración y que en Canarias alcanzamos casi los 300.000 parados, se supone que las solicitudes de la PCI aumentarán exponencialmente. ¿Y? sumado al aumento de la demanda en los Centros de Servicios Sociales ha crecido un 50 %...”, se pregunta el presidente provincial. “Y estamos hablando de familias y personas que no tienen ningún otro ingreso” Domingo Viera insiste que la situación que se está dando es muy grave y que se agravará en los próximos meses, “y estamos hablando de familias y personas que no tienen ningún otro ingreso”, matizó. El presidente provincial de los diplomados en Trabajo Social y Asistentes sociales, recordó lo que ya se ha mencionado en anteriores comparecencias públicas desde el colegio, que Canarias “está a la cola en la aplicación de la Ley de Autonomía personal”, e insistió en que desde marzo de 2008 no hay ningún nuevo expediente incorporado a la nómina.

“Hablamos de expedientes ya aprobados con sus prestaciones económicas o de servicios ya asignadas. Cada mes es la Consejería de Hacienda la que dice qué cantidad se destina a dichas prestaciones y, por tanto, a cuántos se les paga. Esto no tiene relación ninguna con la financiación propia de la Ley (Estado y Autonomías). El pago a los que ya reciben prestación económica (la gran mayoría de los dependientes ya reconocidos) se está retrasando hasta casi final de cada mes. Tampoco sabemos por qué si el dinero tiene que estar”, resumió.