Los sindicatos piden un plan antiagresión para docentes

MARTA RAMOS

Durante el curso 2014-15 quince profesores canarios sufrieron una agresión física por parte de familiares de alumnos. Pese a estas cifras, el Archipiélago no dispone de un protocolo de prevención para este tipo de acciones violentas, que «aunque no son frecuentes», se ejecutan sin que se penalicen, denuncia el sindicato ANPE.

El último episodio tuvo lugar la pasada semana en el CEIP Néstor de la Torre del barrio grancanario de Cruz de Piedra, donde el padrastro de un alumno agredió delante de los niños y niñas a un profesor en el transcurso de una discusión que se produjo porque el menor fue excluido de una excursión debido a su reiterado mal comportamiento.

Tras ser detenido y después de un juicio rápido, el individuo, de 34 años y con numerosos antecedentes penales, fue puesto en libertad sin orden de alejamiento. Además, según fuentes cercanas al caso, continúa mandando mensajes intimidatorios a los profesores, que temen por su seguridad y la de los alumnos.

Por este motivo y para que no vuelvan a repetirse episodios violentos como este, que «merman la convivencia y la calidad educativa», el sindicato de docentes ANPE reclama a la Consejería de Educación regional que estas agresiones sean perseguidas por la ley. «Solicitamos que toda agresión a los docentes en el ejercicio de su función sea considerada como un atentado contra la autoridad pública, como ocurre con otros funcionarios como policías, jueces o inspectores, y que tenga pena de cárcel», asevera el responsable del servicio de atención al profesorado de ANPE, Bernardo Huerga, quien añade que esta medida, contemplada por la Lomce, ya se ha llevado a cabo en Madrid y en otras comunidades autónomas.

Tanto ANPE como el STEC reclaman al departamento regional de Educación que dirige la consejera Soledad Monzón un plan de prevención más potente que el actual. «Los centros necesitan de más recursos humanos para gestionar la convivencia escolar, ya que no hay ni dotación horaria para que el personal que ejerza de mediador entre el centro y la familia», apunta Huerga.

Por su parte, para que los profesores no estén en una situación de indefensión tras un episodio violento, el STEC propone promover un «protocolo de actuación permanente en los centros elaborado por especialistas de la Consejería y no por el equipo directivo». Según Silvia Rodríguez, portavoz de este sindicato, éste «debe ir acompañado por un plan preventivo de convivencia y de intercomunicación más fuerte entre el profesorado y las familias».

Los dos sindicatos coinciden al considerar que las elevadas ratios de las aulas de Canarias, «que son las más altas de Europa» y que impiden la atención personalizada al alumnado, la carga de trabajo de los docentes y la falta de recursos materiales y humanos fruto de los recortes, «han ido en detrimento de la convivencia en los centros».

Asimismo, el ANPE y el STEC, que hacen hincapié en que el suceso del CEIP Néstor de la Torre es un caso aislado, destacan que la violencia escolar es reflejo de la conflictividad social. «Cuando un alumno tiene una familia desestructurada hay que tener las miras más amplias para darle solución a esos problemas que traen a cuestas desde su casa», apunta Rodríguez.