Los padres demandan a la guardería donde se obligaba a sus hijos a tragar sus vómitos

26/04/2007

Nueve padres de alumnos de la guardería El Borreguito Azul (distrito madrileño de San Blas), donde se obligaba a algunos niños a tragar sus propios vómitos, han presentado una querella contra la directora del centro y su hija, autora de los presuntos malos tratos, por los delitos de amenazas, coacciones y maltrato continuado.

Un reportaje de cámara oculta emitido por Telecinco el pasado 27 de febrero mostraba cómo en esta guardería se forzaba a ingerir sus vómitos a los niños y se los encerraba solos en un cuarto oscuro.

El programa recogía también secuencias, grabadas a mediados de diciembre pasado, en las que el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, y el consejero de Educación, Luis Peral, contemplan las imágenes de los presuntos malos tratos, y aseguraban a la presentadora, Mercedes Milá, que los hechos podían ser constitutivos de delito.

No obstante, Canalda sólo envió el vídeo a la Fiscalía de Menores el 28 de febrero, el día siguiente a la emisión del reportaje, ya que, según dijo, Telecinco no le entregó las imágenes cuando se las pidió en diciembre, mientras que la cadena negó en una rueda de prensa que el Defensor del Menor o la Consejería le reclamaran una copia del vídeo.

La abogada que representa a los padres de El Borreguito Azul, María µngeles López, explicó a Efe que en la querella solicita la comparecencia en el juicio del director del programa, Alberto Muñiz, y de Mercedés Milá, con dos objetivos: primero, que faciliten la identificación de la reportera que se infiltró en el centro para grabar las imágenes.

En segundo lugar, si los responsables del reportaje confirman en su testimonio que el consejero y el Defensor del Menor vieron las imágenes en diciembre, la abogada pediría que declararan Peral y Canalda, pues los padres se preguntan "cómo es posible que no hagan nada" tras el visionado de las imágenes.

En la querella, presentada el lunes pasado en los juzgados de Instrucción de Madrid, los padres solicitan también que el reportaje de cámara oculta sea aceptado como prueba y que sean llamadas a declarar todas las personas que hayan trabajado en la guardería, para lo que sería necesario consultar los registros del centro.