Los padres de la mujer asesinada con talio reclamarán a Sanidad

Los padres de Laura A.G., la enfermera envenenada por su marido en el Hospital Insular según sentencia de la Audiencia de Las Palmas, anunciaron en Granada que van a plantear una reclamación económica contra el Servicio Canario de Salud como responsable patrimonial por negligencia. La familia de la enfermera granadina asesinada por su marido según sentencia aún no firme de la Audiencia de Las Palmas con veneno y drogas supuestamente suministradas durante su convalecencia en el Hospital Insular estudian la posibilidad de plantear una reclamación económica contra el Servicio Canario de Salud por el aparente mal funcionamiento que permitió que Iván R.A. deambulara libremente por el centro hospitalario y supuestamente se hiciera con barbitúricos y opiáceos para dárselos a escondidas a su mujer, confirmaron a este periódico fuentes de su representación legal. Los padres de Laura A.G. acuden a esta vía apoyándose en la propia sentencia de la Audiencia de Las Palmas que a principios de mes condenó a 23 años de cárcel al marido de Laura, Iván Ramírez, por el asesinato. Como avanzó CANARIAS7, el fallo abre la puerta a una acción patrimonial al entender probado que la falta de control de la Administración facilitó la labor del asesino, que entró cuantas veces quiso al cuarto de la UMI del Insular donde se guardan las drogas peligrosas e hizo caso omiso de la normativa sobre el régimen de visitas. Los padres de Laura dieron ayer una rueda de prensa en Granada anunciando que habían denunciado al Hospital Insular como «cómplice necesario» del asesinato. Sin embargo, fuentes jurídicas cercanas a la familia apuntaron que se trata de una confusión fruto de la tensión en la que ha vivido la familia, pues la vía penal en el proceso ya está encauzada en el caso que fue sentenciado por la Audiencia y que se cerrará cuando haya una sentencia firme, o bien en el Tribunal SUperior de Canarias o bien en el Tribunal Supremo. La acción que permite la ley hoy por hoy es la reclamación patrimonial en vía administrativa, y si la Consejería no se aviene a un arreglo económica, la familia podrá acudir a la jurisdicción contencioso administrativa planteando un recurso de responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento del servicio público con resultado de muerte.

• Temas
• Caso Talio