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Jueves, 1 de enero 1970
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Las decisiones de los ex gestores del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem) siguen encontrando el aval de la Justicia. El Juzgado Contencioso-Administrativo Número 3 de Las Palmas, desestimó un recurso de la Federación de Hostelería y Turismo (Feht) de Las Palmas, que solicitaba el amparo del tribunal para que prescribieran irregularidades como la falsificación de firmas de alumnos con el propósito de cobrar cursos de formación profesional a parados.
Con su sentencia, con fecha 1 de junio de este año, la jueza María Olimpia del Rosario Palenzuela mantiene viva las actuaciones del ex director general del Icfem, Diego León, referentes a los expedientes incoados a la patronal turística.
Este fallo es el segundo producido este año que viene a ratificar la legitimidad legal de las decisiones de los ex responsables del Instituto, hoy inmersos en la instrucción del Juzgado Número 6 de Las Palmas por presuntos delitos de malversación y falsedad documental.
La historia
El juzgado Contencioso-Administrativo Número 3, viene a demostrar que el expediente abierto a la Feht en 2001 sigue vigente, consistente en cinco años desde su apertura "y no de cuatro, como pretende la entidad recurrente".
La jueza señala, también, que "ante las irregularidades advertidas por la Administración, previa comparecencia y escritos presentados por particulares, tras el oportuno procedimiento administrativo, la entidad recurrente no realiza negación de las mismas, sólo trata de justificar la improcedencia de la devolución que se le reclama, pero sin negar los hechos que se describen en la resolución de reinicio del procedimiento". La Feht fue incluida junto a otras entidades colaboradoras del Icfem como Comisiones Obreras, Fecao o el Club de Exportadores, en una acción investigadora por los servicios de inspección del Icfem. El Instituto dio por probado que en 1996, el entonces presidente de la patronal de Turismo, José Moriana, y su secretario general, Fernando Fraile (hoy presidente), promovieron la falsificación de firmas de alumnos en cursos como el de animador turístico de hoteles. El Icfem obligó a la Federación a reintegrar lo cobrado por el curso y trasladó los hechos al Ministerio Fiscal del Tribunal Superior de Justicia por si se derivaban actuaciones delictivas. La Fiscalía devolvió el expediente al Gobierno canario al entender que las cantidades afectadas eran inferiores a 10 millones de las antiguas pesetas, barrera fijada por el Código Penal para establecer la condición de delito.
La Feht perdió ese año, por decisión del Icfem, la condición de centro colaborador, decisión que también respalda ahora el juzgado de lo contencioso al reconocer "el incumplimiento de la Feht en las obligaciones convenidas".
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