Los alcaldes pactan con el Gobierno un fondo de solidaridad para el Plan de Empleo Social

Almudena Sánchez
ALMUDENA SÁNCHEZ

El Plan de Empleo Social de 2014 trae novedades. Los alcaldes pactan con el Gobierno crear un «fondo de solidaridad» para que «ningún ayuntamiento tenga problemas al suscribir el plan», y la ficha financiera puede subir de los 20 millones iniciales hasta los 30; todo dependerá de los alcaldes.

Técnica y teóricamente, ningún alcalde podrá alegar dificultades administrativas para adherirse al Plan de Empleo Social que se reanudará el 1 de julio -es la previsión- de este año.

El año pasado, bien por razones de técnica presupuestaria, bien por tener abiertos expedientes de regulación de empleo (ERE), algunos ayuntamientos no pudieron ser incluidos en el plan promovido por la consejera de Empleo del Gobierno autonómico, Francisca Luengo.

Veinticuatro horas antes de la reunión mantenida ayer martes con representantes de la Junta Directiva de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Luengo dijo en comisión parlamentaria que firmaría el plan de este año también con mancomunidades, para así sortear los problemas técnicos que tuvo en 2013.

Pues bien, la Fecam planteó la creación de un «fondo de solidaridad» dirigido a los ayuntamientos que, «por unas razones u otras tuvieran problemas para firmar», explicó la vicepresidenta de la federación, Elena Luis.

Concretamente, el fondo se dotará de 2 millones que saldrán de la aportación del Gobierno que, finalmente, queda confirmada en un total de 10 millones.

Los ayuntamientos en su conjunto pondrán otros 10 millones, igual que el año pasado. Asimismo, «podrán añadir hasta el 10% de lo que reciben a través del Fondo Canario de Financiación Municipal. De esta manera, se podría elevar la ficha financiera del plan hasta los 30 millones de euros», apuntó Luis. Esta fórmula también se contempló en 2013 pero no todos los municipios alcanzaron el porcentaje y el plan se quedó muy lejos de esa cantidad.

En cuanto a los beneficiarios, seguirán siendo personas o familias que estén en una situación «crítica», subrayó Luis, porque «este plan antes que nada es un mecanismo para la inserción social».

Francisca Luengo añadió que «los criterios para la selección de las personas serán los mismos que se manejan en el Plan Anual de Empleo (PIPE), que se deriva de la Conferencia Sectorial de Empleo» formada por el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas.

De todos modos, la exclusión social o el riesgo de caer en ella será el requisito fundamental para las personas desempleadas que sean incluidas en la lista que, también este año, confeccionarán los servicios sociales de cada uno de los ayuntamientos que suscriba el plan.

Al término de la reunión, la consejera de Empleo, Industria y Comercio manifestó su «satisfacción» por haber podido cerrar el acuerdo con la Fecam.