Los abusos de Zerolo en Las Teresitas

09/01/2007

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife nos demostró que nuestra playa no era nuestra playa: cada persona residente en la ciudad pagó 43.000 pesetas para comprar lo que consideraba su playa. Pero es que, asimismo, nuestro alcalde quiso que aprendiéramos qué es un esperpento bananero y nos demostró que el Estado puede comprar al Estado pagando a dos particulares.

De modo que, según un informe pericial del Ayuntamiento santacrucero, 9.076 de los 109.420 metros cuadrados del entorno de la playa de Las Teresitas, comprados por el municipio, eran ya dominio público marítimo. Es más, cuando se determine definitivamente, ese dominio público marítimo podría suponer 31.159 metros cuadrados y, además, ubicados precisamente en la zona que poseía más derechos edificatorios.
Santa Cruz de Tenerife tiene un alcalde generoso: decidió que los ciudadanos pagáramos 8.750 millones de las antiguas pesetas para comprar nuestra playa. Calculó el precio basándose en lo que el Banco de España denominó «valoraciones», efectuadas por empresas privadas, y olvidó la única tasación existente, que había sido elaborada por una funcionaria municipal y asignaba un valor a los terrenos de 3.210 millones de pesetas. Se prefirió pagar el triple a dos acaudalados empresarios.

Empresarios? ¿Son empresarios unos señores que ganan 15.000 millones de las antiguas pesetas gracias a las decisiones urbanísticas municipales, sin crear un empleo y sin mover un ladrillo? ¿Qué riqueza aportan? ¿Cuánta riqueza acaparan? ¿Empresarios o jugadores? No, jugadores tampoco porque no arriesgan nada de nada. Parafraseando el lenguaje de quienes les fabrican coartadas ideológicas, podría decirse que son los niños mimados de papá Estado del Bienestar para los Ricos.
El alcalde de Santa Cruz escribe que está muy triste. Se lamenta de la creación de un «estado policial y fiscal donde todos somos presuntos culpables hasta que podamos demostrar nuestra inocencia». Y, por supuesto, atribuirle delito alguno por la querella presentada por la fiscalía anticorrupción es inadmisible: eso lo deciden los jueces y, hasta entonces, es absolutamente inocente. Sin embargo, a la vez que debemos proclamar el respeto a su derecho a la presunción de inocencia, también conviene decir que algunos de sus actos debieran ser delito en una sociedad civilizada. Porque el responsable máximo del proceso urbanizador de Las Teresitas es el Ayuntamiento. Y ese proceso urbanizador ha supuesto que algunas personas se encuentren con que las casas que compraron e inscribieron a su nombre, en los años sesenta, ya no son suyas porque han aparecido en el registro de la propiedad a nombre de la empresa que compró el entorno de la playa.
¿Se imaginan descubrir la propia casa inscrita a nombre de una empresa en el registro de la propiedad? ¿Alguien piensa que perder la propia casa, sin compensación alguna y a causa de un proceso urbanizador, no debiera ser delito? ¿Alguien vería como víctima al alcalde que calla cuando algunos de sus vecinos sufren un abuso tan grave? ¿Quiénes son las víctimas: las personas que pierden sus casas, dinero en pleitos y salud en años de lucha, o el alcalde que no hace nada de lo mucho que podría hacer ante tales abusos? El alcalde es el máximo responsable de un proceso urbanizador que ha causado graves e injustos daños a varios vecinos durante su mandato. Hay víctimas de la política de Miguel Zerolo. Esas víctimas sí que son víctimas de abusos impropios de un Estado de derecho digno de tal nombre y no el alcalde que no asume sus gravísimas responsabilidades escudándose en un alarde de histeria victimista.

El alcalde ha logrado que los abusos que tienen su origen en la dictadura franquista lleguen a buen término. En 1966, 80 propietarios, de los 102 que poseían 155 fincas en el ámbito de urbanización de Las Teresitas, pidieron al alcalde que les dejara fuera del proyecto para urbanizar el entorno de Las Teresitas. La petición fue rechazada y, evidentemente, el miedo reinante en aquellos tiempos de dictadura impidió toda protesta vecinal. Ahí se halla el pecado original de la urbanización de Las Teresitas. Y, desde entonces, ni un solo alcalde santacrucero gobernó para los vecinos afectados.
Los defensores del mercado recurrieron a un sistema urbanizador que eludía los mecanismos del mercado. Los pequeños propietarios fueron obligados a vender sus propiedades por debajo del precio de mercado bajo amenaza de expropiación y, en ocasiones, fueron expropiados. Es decir, eran expropiados, o vendían a la fuerza por debajo del precio real para que otros hicieran negocios privados. Por ejemplo, los herederos de Avelino Delgado se desprendieron de su terreno a un precio cinco veces inferior al del mercado. Los herederos de Alfredo Vivas malvendieron su propiedad en contra de sus deseos porque no podían pagar las cuotas obligatorias de la Junta de Compensación en que les había metido el Ayuntamiento. Al dueño de la parcela 61, el Tribunal Supremo le impuso, en 1978, un precio cinco veces inferior al que pedía porque «ese precio se argumenta sobre la base de simples expectativas que no son de aplicación al caso». O sea, por una parte, el pequeño propietario no tuvo derecho a vender en función de las expectativas de revalorización y, por otra, años después, Zerolo justificaría la compra del frente de playa a un precio desorbitado para compensar a los propietarios por lo que podrían haber ganado edificando, es decir, por el lucro cesante.
El derecho al lucro cesante le fue reconocido a dos multimillonarios y negado a los pequeños propietarios. Así funciona el Estado del Bienestar para los Ricos. Los alcaldes santacruceros lograron que algunos vecinos se encontraran con que sus casas ya no eran sus casas y con que sus propiedades se vendían en megarrebajas obligatorias para que otros se enriquecieran a su costa. Esta estirpe de alcaldes, con el sentido de la justicia atrofiado, culmina en Miguel Zerolo y su silencio ante el préstamo de Cajacanarias, por 5.500 millones de pesetas, que hizo posible una operación especulativa contra las arcas públicas. ¿Por qué el Ayuntamiento no se opuso a la concesión de un préstamo para la compra de unos terrenos que luego serían más caros para el municipio? ¿Por qué no denunció que Cajacanarias que, según sus estatutos, «orientará su actividad primordialmente al servicio de Canarias», actuara contra sus prescripciones estatutarias? La institución que se define como «benéfico-social» actuó como ente maléfico-antisocial.

En suma, esta es una historia de gente que pierde sus casas; de alcaldes que ayudan a los más pudientes a hacer negocios a costa de los más débiles; del alcalde que nos hace comprar nuestra playa pagando el triple de lo que dice la tasación municipal e incluyendo en la compra espacios públicos. Si en nuestras leyes tienen cabida estos abusos, hay que cambiarlas. Y, si no tienen cabida, hay que aplicarlas.