Los 16 juzgados de paz de la Isla reclaman más personal

Los 16 jueces de paz que hay en Gran Canaria celebraron ayer una jornada conjunta de trabajo en Moya. El primer escalón de la pirámide judicial pide más medios humanos y materiales para ejercer su trabajo. El Gobierno regional les anunció que en 2007 aumentará su aportación económica a esos juzgados en más de un 75%.

Jesús Quesada
JESÚS QUESADA

La falta de personal es la demanda que más se repite en los 16 juzgados de paz existentes en Gran Canaria, según pusieron ayer de manifiesto los jueces y secretarios que participaron en el encuentro de trabajo celebrado ayer en la villa de Moya por el Gobierno de Canarias y la Asociación de Jueces de Paz de Canarias. En los más de municipios de menos de 7.000 habitantes, donde el personal pertenece a la Administración local, se reclama la presencia obligatoria de al menos una persona de la Administración de Justicia, mientras que en el resto, donde la plantilla sí depende de la Comunidad Autónoma, se necesita más mano de obra. El presidente de la asociación regional de jueces de paz, Cristóbal Luis Fumero, explicó que las quejas de los juzgados grancanarios coinciden con las que han mostrado los lanzaroteños, majoreros y palmeros en los encuentros insulares que ya se han celebrado. « Los más pequeños están atendidos por personal de la Administración Pública, no de la Administración de Justicia, que es la que realmente necesitan, y en los de más población la queja más repetida es la de falta de personal», resumió Fumero. Los juzgados de paz, existentes en aquellos municipios que carecen de juzgados de primera instancia e instrucción, intervienen en juicios de faltas, juicios orales y conciliaciones y dictan sentencia como cualquier otro, aunque sus jueces no provengan necesariamente del mundo judicial. Además, ejercen funciones de Registro Civil, incluyendo la celebración de matrimonios, que es, quizá, su faceta más conocida. Fumero resume su papel señalando que «es el propio de un hombre bueno, es decir, conciliar, mediar en la vecindad, cosas sencillas. Es la persona más próxima para resolver a los ciudadanos problemas como, por poner un ejemplo, trifulcas tras las que no se llega a un acuerdo, diferencias sobre un lindero,...». También niega que sean títeres de los gobiernos municipales, ya que aunque su elección se decide en los plenos de los ayuntamientos cada cuatro años, su nombramiento final corresponde en realidad al Consejo General del Poder Judicial. «Es verdad que en algunos ayuntamientos puede haber un grupo político que apueste por una persona concreta, pero esa persona se tiene que desvincular por completo del Ayuntamiento y de todo grupo político, porque los jueces de paz no pueden pertenecer a ningún partido. Somos apolíticos e independientes, muy independientes», afirma. Además, recuerda que a cada elección se pueden presentar cuántos vecinos se consideren con méritos y capacidad suficientes para ejercer el cargo. En total, en Canarias hay 68 juzgados de paz, 35 de ellos en municipios de menos de 7.000 habitantes y el resto en términos más poblados pero siempre sin partido judicial de primera instancia.