Lo primordial, salvaguardar a los niños

Pero es que esa situación traumática todavía puede empeorar. Si las parejas no viven una separación amistosa y la decisión del conflicto queda en manos de un juez, el destino del pequeño es mucho más incierto. De hecho, la historia judicial está jalonada de sentencias incomprensibles e inauditas que han hecho que algunos hijos deban convivir con quien no sabe cuidarles y que, de la noche a la mañana, vean cómo su padre o su madre casi desaparecen de su vida, porque solo pueden estar con ellos algunos días al mes.

Esto es precisamente lo que les ha sucedido a las dos hijas menores de un matrimonio canario. Una sentencia firmada por el titular de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Ildefonso Quesada, ha otorgado su guardia y custodia a la madre, la misma que las secuestró hace dos años y que debe presentar cada dos meses un informe sobre su salud menta. Al padre, que las tuvo a su cargo durante cinco años, apenas si le han quedado algunos derechos.

Pero ésta no es la única sentencia firmada por este magistrado que reduce drásticamente los derechos que un juez de primera instancia había concedido a un padre para que estuviera más tiempo con sus hijos. Así, al menos en tres casos más, tres hombres separados han sufrido una reducción del régimen de visitas a sus hijos, con los perjuicios que supone para los adultos y, sobre todo, para los niños. «LOS JUECES SE EQUIVOCAN». José Luis Calvo, vicepresidente y portavoz de Prodeni, una de las ONG más activas en defensa de los menores, lleva 23 años estudiando casos en los que, a su juicio, la Justicia se equivoca y en los que las víctimas siempre han sido los niños. «Si el juez no atiende al beneficio del menor, está errando y, de hecho, hay sentencias que son auténticas barbaridades», recalca. «Cada juez es independiente. La ley mantiene un margen de actuación y es el juez el que debe interpretarla según su conciencia. El problema es que esos errores llevan a adoptar medidas impensables, que causan estropicios al niño».

Calvo resalta que en medio de esta maraña «el menor está perdido, porque no tiene capacidad de defensa. Muchos jueces ni siquiera se paran a preguntar al niño y cuando lo hacen, no es en un espacio adecuado y con una autoridad que a veces les llega a causar miedo. Intentar que los jueces escuchen a los menores es una batalla perdida. No hay forma de meterles en la cabeza que deben oírlos y comprenderlos. Son los grandes olvidados». TIEMPOS Y MALA PRAXIS. Y de esta problemática tiene mucha culpa el propio sistema judicial. Calvo lo tiene muy claro: «Los tiempos y los propios abogados juegan en contra del menor. Conozco muchos casos en los que los malos planteamientos de los letrados obligan al juez a tomar decisiones erróneas, porque no puede saltarse los elementos de prueba que tiene en la mesa. Algunos jueces me han confesado que ha habido casos en los que se han visto obligados a fallar en contra de quien tenía la razón».

Además, el empantanamiento de miles de expedientes en los juzgados hace que las resoluciones se dilaten demasiado, y esos retrasos mantengan al menor en una situación de indefensión durante mucho tiempo. Todos estos problemas son los que ahora se están intentando paliar desde el Tribunal Supremo, que ya ha empezado a echar abajo sentencias en las que se anteponían los lazos de sangre y los trámites burocráticas al bienestar de los menores. «Parece que se están dando algunos pasos adelante y esas sentencias, que por ahora son para casos de acogimiento y adopciones, abren el camino hacia nuevos horizontes», indica José Luis Calvo. Sin embargo, no se muestra demasiado optimista. «No podemos negar que son pasos en el buen camino, pero todavía queda muchos por andar. Creo que aún se tardará bastantes años en conseguir que los niños sean siempre lo primero». «EL NIÑO PREVALECE SIEMPRE». Secundino Delgado, magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas y portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, asegura que «en todas las decisiones que toma un juez en relación con menores, prevalece siempre el interés de éstos».

Delgado afirma que «con la legislación en la mano, el menor siempre se pone en primer lugar. Además, el Código Civil exige que se escuche a los niños mayores de 12 años. Con los pequeños se deja al libre albedrío del juez». Aún así, reconoce que pueden producirse errores judiciales. «Valoramos, damos nuestras razones y resolvemos, porque siempre tiene que resolver alguien, pero podemos errar, como todo el mundo».