Las tarifas de la bici pública rondarían los 30 euros al año

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, aseguró ayer que el Consistorio no tiene intención de ganar dinero con el servicio público de bicicletas pero sí ve con buenos ojos que se pueda establecer una tarifa simbólica que puede servir para mantener los gastos y concienciar a los usuarios de la necesidad de cuidar el material. La decisión de cobrar o no el préstamo de las bicicletas, que será adoptada por la empresa municipal Sagulpa en el mes de septiembre, ha sido apuntada por un informe encargado al despacho Garrigues. Estos expertos, tras analizar diferentes alternativas, proponen que se preste el servicio a través de una concesión y que se establezcan unos precios que permitan rentabilizar la explotación. «Todavía no hemos tomado una decisión al respecto», aclaró Ramírez, «pero si así fuera, rondarían los treinta euros al año, más o menos como en el resto del Estado». «No se trata de que sea rentable», especifica el edil en contra de las recomendaciones del informe, «sino que lo que no se obtenga vía tarifas, lo tendría que aportar el Ayuntamiento». También lo entiende como una fórmula para reducir los costes del vandalismo, que han supuesto el robo de 32 vehículos, y cuya reposición tiene un precio de algo más de 14.000 euros. Por su lado, el colectivo Las Palmas en Bici mostró su apoyo a la aplicación de una política tarifaria. «Empezar a tratar la bicicleta en serio implica un coste y un precio, como ocurre con las guaguas o los taxis, pero no puede ser de cualquier manera», explica Raquel Clemente. En su opinión, la consideración de la bicicleta como transporte urbano no sólo debe venir del precio por la prestación del servicio, sino también de mejoras que garanticen que éste se puede desarrollar en plenas condiciones. Así, el grupo entiende que la red actual es «escasa, tiene déficits y requiere que se pacifiquen determinadas zonas en las que las vías principales sean carriles bici».