Las corporaciones perderán 400 millones si baja el IGIC

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ

La Consejería de Hacienda ha abierto la puerta a una posible rebaja del IGIC en los presupuestos de 2018 como avanzadilla de la reforma de todo el sistema fiscal que pretende poner en marcha. Esta reducción tendrá que ser consensuada con cabildos y ayuntamientos porque bajar el IGIC del 7% al 5% «supondría quitarles de golpe 400 millones». La titular de Hacienda, Rosa Dávila, explicó que la voluntad del Gobierno es acometer una modernización del sistema fiscal en el Archipiélago, una «reforma en profundidad que sirva para los próximos veinte años y que tenga en cuenta la nueva realidad de la Comunidad Autónoma». La consejera -que compareció en el pleno del Parlamento regional a instancias del Grupo Socialista para explicar la reforma fiscal que está desarrollando el Gobierno de Canarias- indicó que manteniendo la premisa de la estabilidad presupuestaria, este año se iniciará una reforma del sistema fiscal para simplificarlo, adaptarlo a sus fines y acompasarlo a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Aunque aún no se ha elaborado un documento previo sobre esta modificación, Dávila señaló que está descartado «incrementar o crear nuevas figuras tributarias». En cuanto a la posible bajada de tipos del IGIC, señaló que esta reducción será objeto de debate, pero puntualizó que para llevarla a cabo tendrán que estar de acuerdo las corporaciones locales, ya que casi el 60% de sus presupuestos dependen del denominado Bloque de Financiación Canario, en el que se integra este impuesto indirecto. La consejera afirmó que «bajar ahora mismo el IGIC del 7% al 5% supondría quitarles de golpe 400 millones». Esta rebaja ha sido solicitada de forma reiterada por el PP para prestar su apoyo al Gobierno de Clavijo. Por eso, la Consejería se sentará con un experto en materia de tributos, a propuesta de la Fecai y la Fecam, que participe en la negociación. Insistió Dávila en que, más allá de la rebaja puntual del IGIC, el Gobierno «pretende ir un poco más lejos» porque las Islas necesitan «una política fiscal diferente que contribuya a generar empleo, a incrementar la capacidad de consumo y a tener un reparto más equitativo para combatir la pobreza». Según las previsiones de la Consejería, será en 2018 cuando se afronte la reforma del sistema fiscal.