Las chicas de 16 y 17 años no podrán abortar sin consentimiento paterno

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha hecho este anuncio en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha recordado que la normativa actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos".

La reforma, según ha explicado, se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en la citada Comisión, Beatriz Escudero, ha ido inicialmente más allá, al concretar que se volvería a la Ley de 1985 que despenalizaba esta práctica sólo en tres supuestos, aunque luego se ha retractado para ceñirse a lo dicho estrictamente por el ministro.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, no ha querido pronunciarse al respecto y fuentes de su departamento han remitido a los medios de comunicación a su comparecencia en el Congreso de los Diputados, prevista para el 1 de febrero.

Tampoco ha hecho declaraciones sobre la anunciada modificación el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Antonio María Rouco, ni ninguno de los obispos y cardenales reunidos en un acto celebrado en la sede de la organización.

Desde la oposición, el presidente del grupo socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, cree que la reforma supondrá volver a la norma de 1985, lo que interpreta como "un retroceso inaceptable para las mujeres", mientras que el portavoz en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, se ha limitado a decir que su partido está en contra de la iniciativa.

El representante de IU, Gaspar Llamazares, ha asegurado que su formación estará "vigilante" ante esta "involución judicial" del PP para "contentar" a los sectores "más reaccionarios", y para el BNG "supone un paso atrás" y "una regresión".

Fuentes de CiU han declinado opinar sobre el anuncio, ya que no hay una voz unánime al respecto en la formación, y el PNV ha asegurado que en principio se podría estudiar la modificación de la norma en cuanto al consentimiento paterno, aunque considera que no es necesario cambiar el resto "por el momento".

El presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), Santiago Baranbio, ha calificado de "pésima" esta noticia, que considera una medida "cosmética, de cara al ala más ultraderechista del PP".

En la misma línea se ha expresado la portavoz de la Asamblea Feminista, Justa Montero, quien ha suscrito que "implica un atentado a la libertad de las mujeres jóvenes y a su capacidad de decisión".

La presidenta de la Federación de Planificación Familiar, Isabel Serrano, se ha preguntado por qué no se abordan situaciones más graves como que el 56% de las mujeres no han tenido la oportunidad de acudir a un centro de planificación familiar antes de abortar.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública entiende que sería un "verdadero desastre" que el Ejecutivo, llevado por los sectores de "ideología tramontana", vuelva a plantear a mujeres y profesionales una situación de "indefensión".

Sin embargo, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha manifestado su satisfacción por esta medida, ya que "la menor necesita apoyo claro y definitivo de alguien para tomar una decisión tan importante".

Desde las organizaciones pro-vida, Derecho a Vivir ha considerado positivo que el Gobierno "mueva ficha" y se ha felicitado de que, por primera vez, la legislación se cambie "para que sea más restrictiva" y el Foro de la Familia cree que la reforma debe ser tan "ambiciosa" como para derogar la Ley de 2010.