La zona de acampada de El Pinillo acudirá a la vía judicial

Gabriel Súarez
GABRIEL SÚAREZ

El Pinillo terminará en el juzgado. Directivos del área de acampada presentaron este martes alegaciones contra el cierre de las instalaciones, medida que el edil de Urbanismo de Mogán, Mencey Navarro, defendió reiterando que el campin es ilegal y que lo hacen por requerimiento del Cabildo.

Los representantes del área de acampada de El Pinillo, Andrés Guerra y Manuel Pérez, entregaron este martes en las oficinas municipales de Arguineguín un amplio documento conteniendo las alegaciones contra la orden de la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán, que el pasado 2 de agosto acordó el cierre de las instalaciones. Posteriormente directivos de la entidad se reunieron con la alcaldesa Onalia Bueno. Tras esas conversaciones y viendo que el Ayuntamiento no cambiará su postura, El Pînillo se prepara para acudir al juzgado de lo contencioso administrativo con el que intentarán no solo ganar tiempo sino demostrar la legitimidad de su derecho a desarrollar la actividad. "Creo que existe una persecución porque sino no se entiende que tras veinte años es ahora cuando se acuerdan de cerrar el campin", indicó Guerra. Por su parte del concejal de Urbanismo y Disciplina Urbanística, Mencey Navarro, reiteró este martes que no se trata de una actuación caprichosa sino de una medida tomada como consecuencia de un requerimiento realizado por el Cabildo de Gran Canaria con fecha 15 de enero de 2015.

Escrito. Navarro, en respuesta a la consejera insular de Política Territorial, Inés Miranda, expuso a este periódico un escrito de la Consejería de Empleo, Industria, Comercio y Artesanía, mediante el cual se le requiere al Ayuntamiento para que inicie el expediente sancionador contra El Pinillo por carecer de licencia de apertura. Eso fue en enero de 2015 y tenían un mes para iniciar el expediente. Además, añade que una denuncia reciente de la Policía Canaria por un vertido ilegal hace constar lo mismo. El edil reiteró que Política Territorial en diciembre de 2005 denegó la calificación territorial y la legalización del área de acampada con informe desfavorable del Ayuntamiento.