La Policía investiga más casos de corrupción

El municipio de Telde no tiene la exclusiva de las presuntas corrupciones. En estos momentos, agentes de la Policía Nacional adscritos a los servicios de Información y con conexión directa con la Jefatura Superior de Policía y los Brigada General de Información, en Madrid, rastrean actividades presuntamente delictivas en tres importantes municipios de Canarias: San Bartolomé de Tirajana y Santa Brígida en Gran Canaria, y Adeje en Tenerife.

Equipo de investigación

Lunes, 20 de julio 2020, 08:01

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En los tres casos hay pinchados, con la preceptiva autorización judicial numerosos teléfonos de cargos públicos, funcionarios y empresarios.

Las investigaciones, según fuentes oficiales a las que ha tenido acceso este periódico, están muy avanzadas. Surgieron a través de denuncias presentadas en unos casos ante la Policía Nacional y en otros ante el juzgado. Al igual que en Telde, se investiga el presunto pago de comisiones a cambio de un trato de favor (cohecho) por parte de las citadas administraciones locales. En el caso de Telde, las pesquisas han llevado esta semana al juez Francisco Javier García a añadir los cargos de malversación de fondos públicos y prevaricación a dos ediles, en concreto a María del Carmen Castellano (presidenta local del Partido Popular) el primero de ellos, y a Carmelo Oliva (concejal de Hacienda) el segundo.

Inestabilidad

En los casos de Santa Brígida y San Bartolomé de Tirajana, el radio de acción de la investigación alcanza a varios integrantes de la Corporación municipal. Cabe recordar que ambos ayuntamientos han estado inmersos en esta legislatura en cambios de gobierno: en San Bartolomé de Tirajana, por la moción de censura presentada por socialistas y Nueva Canarias contra Marco Aurelio Pérez (Partido Popular) y en Santa Brígida por la ruptura de la alianza entre populares y el grupo de Carmelo Vega, que abandonó la Alcaldía.

En cuanto a Adeje, gobernado por el Partido Socialista Canario-PSOE, se investiga el presunto pago de comisiones a altos funcionarios a cambio de la agilización de los trámites administrativos. Según las citadas fuentes, las denuncias recibidas constatan la existencia de diferentes «barreras administrativas y en cada una de ellas había que pagar para conseguir que los expedientes no se ralentizaran».

A medio plazo, esas investigaciones policiales y judiciales podrían derivar en citaciones ante el juzgado o incluso en detenciones, como ha ocurrido en Telde esta semana con el alcalde, cinco concejales del grupo de gobierno y la hija de la también concejala María Antonia Torres.

Más información en el periódico Canarias7

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