La mayoría de los municipios canarios pierde servicios

Entre sus aspectos más polémicos, esta norma recoge que los municipios de menos de 20.000 habitantes -que en la Comunidad canaria son 61- deberán ceder a una administración superior los servicios que prestan cuando los incumplan o cuando se entienda que tienen dificultades económicas que les impiden ofrecerlos de forma adecuada a los ciudadanos. En este capítulo entrarían servicios como cementerios, residuos, agua, etc.

Además, la reforma aprobada ayer por el Ejecutivo central señala que, en un plazo de cinco años, los ayuntamientos deben cambiar la titularidad de las competencias de sanidad y educación, que serán exclusivas de las comunidades autónomas, mientras que el plazo para devolver asuntos sociales será de un año. Actualmente, los municipios canarios practicamente no cuentan con ninguna responsabilidad en materia de sanidad, mientras que en educación se ocupan del funcionamiento ordinario de los centros -porteros y bedeles, limpieza, seguridad, fumigación, etc.- .

En el caso de los servicios sociales, el grueso de estas competencias están en manos municipales, desde ayuda a domicilio, atención a la violencia de género o atención a la drogadicción. La ley aprobada ayer por el Ejecutivo central sólo deja en los ayuntamientos las situaciones de emergencia social. Los alcaldes canarios ya habían expresado a través de Federación Canaria de Municipios (Fecam) su rechazo a esta posibilidad por entender que significa un alejamiento de la ciudadanía a los servicios.

La reforma de la ley de bases tampoco contempla la propuesta adoptada de forma unánime por los alcaldes canarios y que pretendía que se recogieran las especificidades de los ayuntamientos de las Islas. Este organismo, en una reunión celebrada la semana pasada, rechazaba el anteproyecto de ley por considerar que el plantamiento ponía en peligro la autonomía de los ayuntamientos y que supone un ataque al municipalismo.