La justicia hace campaña
Lunes, 14 de diciembre 2015, 00:00
La Justicia en campaña. Entre el jueves y el viernes la Justicia volvió a dar otros dos espectáculos lamentables, uno a cuenta de la investigación abierta por la Fiscalía contra la candidata de Podemos, la ex jueza Victoria Rosell, y la publicación, en plena campaña electoral, de la previsible sentencia de absolución de Agueda Montelongo. El asunto de Rosell: el viernes se montó una algarada en la Ciudad de la Justicia, un corre, corre entre la Fiscalía y la Sala de lo Contencioso para emitir sendas resoluciones, una ordenando la paralización del proceso por vulneración de derechos fundamentales de la candidata de Podemos y otra, de parte de la Fiscalía, para elevar el expediente a la inspección del Consejo General del Poder Judicial antes de que se produjese el auto de la Sala. A todas estas, ambas partes buscaron la complicidad de la prensa con el claro ánimo de hacerse daño público. Ayer, un periódico nacional, bastante alejado de las islas, daba cuenta de las idas y venidas de Victoria Rosell por la Ciudad de la Justicia, con detalles tan significativos como la persona que le acompañaba y las horas en las que se entrevistó con los fiscales, lo que pone de manifiesto la necesaria publicidad que el asunto tiene para una parte del proceso que actúa con manifiestos indicios de perjudicar a la candidata y escapar del control de los jueces del TSJC.
La carrera la ganó la Fiscalía, que horas antes de que se produjera la orden de paralización de la investigación, emitió una resolución elevando a la Comisión Disciplinaria del Consejo el expediente, acusándola de varias infracciones, además de dejar abierta la puerta a una futura querella contra la magistrada. La rapidez de la Fiscalía dejó en el limbo jurídico la resolución de la Sala de lo Contencioso del TSJC, que se volvió inoperativa, pero generó los titulares que una y otra parte deseaban, quizás mucho más que la aplicación estricta de la legalidad a la que están obligados. Un espectáculo que viene a confirmar la viciada relación de la justicia y la política, y la utilización arbitraria de la ley y los mecanismos que el Estado pone a disposición de los ciudadanos para la defensa de sus derechos.
Una sentencia más. En otro despacho de la Fiscalía, y a la misma hora del viernes, Luis del Río, fiscal anticorrupción, se rasgaba las vestiduras ante una sentencia que absolvía a Agueda Montelongo en el caso Patronato, y que, en su argumento principal, dejaba constancia de que la diputada del PP por Fuerteventura no lee lo que firma. El fallo, además cree que había que perdonarle sus despistes, por la cantidad de trabajo que tenía en el Patronato de Turismo de Fuerteventura, cuando sus subordinados le pasaron las facturas de los gastos de hotel y locomoción de algunos miembros de su partido. Luis del Río, y otros observadores del proceso, siempre creyeron que se trataba de un delito de libro, y que la condena estaba cantada, pero para el Tribunal que la juzgó tampoco tiene validez el testimonio del funcionario, puesto a dedo por el PP en el Patronato, que inicialmente negó los hechos para su propia defensa, pero, que después, señaló a Agueda Montelongo como la persona que le ordenó hacer los pagos y disfrazarlos bajo la apariencia de una visita de periodistas a la isla. Lo más inaudito es que el fallo reconoce que existieron las facturas falsas, el pago camuflado, es decir, se cometió un delito con dinero público; reconoce también la posible “orden, indicación o sugerencia” de Agueda Montelongo para que se pagaran las facturas, pero el “grado de probabilidad deviene insuficiente” para una condena penal. Sonroja pensar a cualquier observador que se cometió un delito en el Patronato de Turismo, de los pocos de este calado que se descubren en la administración, y que nadie pague por ello, dejando en el aire la sospecha de que todos los políticos salen de rositas delante de los tribunales.
Otra cuestión es el momento elegido para la publicación de la sentencia, en plena campaña electoral. Creo que el Tribunal puede y debe publicar sus sentencias sin tener en cuenta el perjuicio público a las partes. Debe cumplir con su cometido sean cuales sean las circunstancias y a quién beneficia o perjudica. Ahora bien, en este caso concreto, no es de recibo que una sentencia se retrase tres largos meses con un proceso electoral en ciernes, dejando espacio a la sospecha sobre la justicia cuando los acusados son políticos.
La despolítización de la justicia es uno de los mayores retos que tiene la sociedad española, después de una legislatura en la que han quedado de manifiesto las extrañas relaciones que han coronado de indignidad a la Judicatura española y el inmenso desprestigio en el que está sumida. Pero, me temo que, el asunto, no está en la agenda de los partidos que concurren a las elecciones que no han sido capaces de plasmar un proyecto claro para reconducir el modelo, salvo Podemos y Ciudadanos, que han pasado de puntillas sobre el mismo, sin concretar a fondo sus propuestas, más allá del eslogan, «hay que despolitizar la Justicia». Parece claro que el origen de todos los males está en el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cuya mayoría es elegida a dedo por los partidos políticos que sacrifican el criterio del reconocido prestigio, que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el de advenedizos y adeptos a las causas e intereses de quienes los nombran.
A partir de aquí la mayoría de los jueces españoles se ven obligados a buscar las relaciones políticas, personales o de influencia, para ascender en su carrera, una aspiración legítima, pero que contamina hasta las últimas raíces del sistema. Volver al modelo inicial, a la elección del CGPJ, por los propios jueces parece lo más acertado, sobre todo si la elección también se produce de forma directa, sin la intermediación de las asociaciones judiciales.
El lumpen del poder. No se le ha dado la importancia que tiene, pero la agresión a Jacinto Ortega, edil de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y militante de Podemos, es grave y dispara múltiples sospechas que cuestionan lo que se puede estar cocinado en los bajos fondos políticos y económicos de Gran Canaria. La agresión al edil es grave, no sólo porque empaña la campaña electoral, sino porque deja entrever la existencia de un lumpen en el que podríamos estarnos moviéndonos. Parece un hecho aislado, atribuible a sectores de la ultraderecha, que, prácticamente no existen en la ciudad, que no están organizados y a los que no se conocen actividades de ningún tipo, ni lícitas, ni lícitas. Se podría atribuir a numerosas causas, incluida la venganza personal, pero tiene toda la apariencia de un ajuste de cuentas político-sindical, si nos atenemos a la versión del propio concejal, que ha estado recibiendo llamadas amenazantes, explicando que no le robaron, además de sus antecedentes de sindicalista conflictivo. Los dirigentes de Intersindical Canaria, uno de los sindicatos que opera en Canarias, con un buen volumen de afiliados, dilatada actividad mucho más a la izquierda que el resto de centrales sindicales, están convencidos de que la agresión está relacionada con las actividades sindicales del edil Jacinto Ortega, que ha fustigado al sector de manera combativa, y en algunos casos casi obsesiva. Sea como sea, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Justicia, deben poner todo su empeño en aclarar estos hechos, porque las motivaciones, ya sean políticas, sindicales o empresariales, nos colocan en una situación, como mínimo, de perplejidad ante la realidad que se mueve a nuestras espaldas, sobre todo cuando los episodios recientes ponen de manifiesto la falta de escrúpulos en algunos sectores de la economía y la política, las idas y venidas de un ámbito al otro, las relaciones insanas que se establecen entre jueces, empresarios, políticos y poderes opacos.
