La isla del tesoro

Representantes del Gobierno chileno y de los dueños de un grupo que dispone de la tecnología adecuada para hallar objetos bajo tierra acordaron hoy, martes, repartirse a medias un tesoro de más de 800 toneladas de oro y joyas que habría sido enterrado por corsarios españoles en la isla Robinson Crusoe, en el Océano Pacífico, a comienzos del siglo XVIII. Los expertos calculan que el botín equivale a unos 10.000 millones de dólares. El Estado será responsable por los permisos, labores y gastos de la excavación, y la empresa revelará por escrito la ubicación exacta del premio, resolvieron las partes.

MARCELA VALENTE (COLPISA)

La reunión convocó al gobernador de Valparaíso, Luis Guastavino, y al alcalde del archipiélago Juan Fernández --que alberga a la "isla del tesoro"--, Leopoldo González. Guastavino fue cauto después del preacuerdo. "Estamos orgullosos de una tecnología como ésta, capaz de desentrañar finalmente el secreto del tesoro, pero sólo daremos fe de ello cuando veamos los lingotes". La isla, habitada por unos 600 pobladores, está 700 kilómetros al oeste del continente y a 800 de Santiago, la capital chilena.

Por parte de la empresa asistieron a la cita directivos, abogados e ingenieros, quienes advirtieron que la parte que le toque a la firma será derivada a la beneficencia. La empresa solo estaría interesada en la difusión de su tecnología, que ya despertó la atención de empresas mineras en diversos países del mundo.

Las versiones acerca del millonario tesoro enterrado en la isla Robinson Crusoe son casi tan viejas como la historia del náufrago de la novela de Daniel Defoe. Hubo innumerables intentos de encontrarlo llevados adelante por buscatesoros de todo el mundo. Sin embargo, esta vez la empresa Wagner Tecnologías, propietaria de un robot apodado 'Arturito', asegura haber detectado el tesoro repartido en tres sitios distintos del cerro Tres Puntas, en la isla.

No obstante, la firma se negó a dar certeza del lugar hasta no alcanzar un acuerdo con las autoridades respecto del reparto. Según la ley chilena, los monumentos bajo tierra corresponden al Estado. Pero el propio presidente Ricardo Lagos admitió que en este caso no se trataría de bienes arqueológicos o paleontológicos y que, por lo tanto, corresponde aplicar el código civil que fija la distribución en partes iguales

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