Del director

La histeria se adueña de Lanzarote

La histeria que acompaña todo lo relacionado con la presunta trama de corrupción en Lanzarote empieza a producir episodios que rozan lo burlesco si no fuera porque lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones. Las últimas 72 horas nos han ofrecido declaraciones, ocultaciones, comunicados e imágenes que, lejos de aportar serenidad al asunto, lo único que evidencian es mucho miedo, como si hubiera que dar la razón a quienes van contando por las esquinas que hasta la fecha sólo ha aflorado la punta del iceberg y que lo que empezó siendo una investigación en torno a la compra de un solar, va camino de sacar los colores a muchos dentro y fuera de la Isla. Supongo que por ello la prensa se pasea cada mañana por las instalaciones de Inalsa, para ver si ya han entrado a registrarla los agentes de la Guardia Civil, y por eso mismo quieron pensar que algunos teléfonos móviles de residentes en la capital grancanaria están sorprendentemente apagados o con el buzón lleno.
La presencia de Enrique Pérez Parrilla, histórico militante socialista y en la actualidad alcalde de Arrecife, en la relación de personas investigadas ha dado un salto cualitativo importante a la presunta trama. Pero donde reside la sorpresa es en el hecho de que quien da ese salto es precisamente el PSOE conejero, que es quien saca a la luz un comunicado anunciando a los cuatro vientos una «imputación» que, según los entendidos en materia legal, sólo corresponde formalmente al juez, y no a la Guardia Civil. Ésta, a su vez, guarda silencio y la Fiscalía, por su parte, no dice ni mu, cuando sólo 24 horas sacó un comunicado explicando las imputaciones atribuidas a la primera tanda de detenidos, pero sin aclarar qué había sido de algunos de los que durmieron en los calabozos de la Guardia Civil en el inicio de la operación. Añádase a todo esto que el arquitecto Carlos Morales es investigado inicialmente por un presunto cohecho, pero finalmente se informa, vía oficiosa, de una «imputación» por otros dos delitos, cuando -nuevamente- lo único claro es que fue llamado por la Guardia Civil y no ha sido conducido ante el juez.
Y por si fuera poco todo este disparate, llega el presidente del Grupo Socialista en el Parlamento canario, Manuel Marcos, y afirma, en una entrevista que hoy publica CANARIAS7, que «si hay una imputación grave, el político debe dimitir». Y digo yo, ¿qué es una imputación grave? ¿Lo es una prevaricación administrativa, como dice el PSOE que se le atribuye a Pérez Parrilla, o lo es un presunto delito urbanístico? ¿O el alcalde de Arrecife debe renunciar al cargo y a la militancia, como sí ha hecho un consejero socialista en el Cabildo? Más aún: ¿había que dimitir por una acusación de presunto cohecho que, según el Tribunal Superior, jamás existió, como concluye el auto de archivo -recurrido- del caso salmón y no hay que dimitir por ser llamado a declarar ante la Guardia Civil el martes y no reconocerlo hasta que la mañana del jueves lo hace público este periódico?