Habló por fin el presidente. Y lo hizo para arropar la iniciativa, que dicen suya, que trata de involucrar al Parlamento en el caso de los niños desparecidos en Canarias. ¿Ven que fácil? Ya tenemos un nuevo caso en las Islas, veremos si conseguimos hacerlo tan grande como el de Madeleine, y en esta ocasión promovido expresamente desde el ámbito político, sector nacionalista con la bendición de la facción pepera.

Dice el presidente que asuntos como el de la comisión de investigación que dilucidará sobre la seguridad de los menores es un ejemplo de su voluntad de conectar con los problemas de la gente. Y si de lo que se trata es de secundar y magnificar las leyendas urbanas que tanto parecen gustarnos a todos habrá que concluir que es cierto. El Gobierno está á la page, expresión que se aplicaría Sarkozy para vacilar a Rajoy y su embestida contra el Apocalipsis climático. Pero conectar con los verdaderos problemas de la gente es otra cosa, no avenirse a necesariamente a cualquier corriente de opinión que atraviese el cuerpo social.

Aún en la hipótesis de que CC haya introducido este asunto en el Parlamento sin ninguna intención aviesa –incluida la de incidir en la necesidad de una Policía Autonómica- la fórmula elegida para hacerlo no ha podido ser más desafortunada. Existiendo como existen otros mecanismos para implementar comisiones especiales –las de estudio sin ir más lejos- ha ido a elegir un modelo de por sí contaminado por la naturaleza de los asuntos que se han venido discutiendo –la corrupción política- y desprestigiado por el mal uso que han hecho de él los grupos parlamentarios.

Se manifiestan abiertos a la posibilidad de cambiar la comisión de investigación por una de estudio, que puede incorporar especialistas a modo de asesoramiento, pero han preferido solicitar una de investigación porque, dicen, eso les asegura la presencia de los comparecientes solicitados. Algo como mínimo sospechosillo si de verdad no tratan de pasarle factura y provocar una confrontación con las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado –que podrían no estar por la labor de que el Parlamento se meta en sus cosas- y resolver con la fijación de una serie de responsabilidades políticas achacables al Gobierno socialista, el siempre socorrido Madrid.

Si cabe tomar en consideración las primeras afirmaciones del delegado del Gobierno, que ha adelantado que no permitirá a los policías y mandos policiales acudir a la llamada de la Cámara, la trifulca política e institucional está servida.

Ya ven que forma de contribuir a resolver los problemas de la gente, ese asunto prioritario que dice abanderar el presidente.