La docente agredida confía en que su caso haga pensar a alumnos y padres

EFE

La profesora Esther Rodríguez, que recibió un puñetazo de una alumna, condenada por un delito contra la autoridad, ha confiado hoy en que esta sentencia, de cuyo fallo se siente "satisfecha", sirva para que los alumnos y los padres se piensen dos veces lo que pueden hacer. Rodríguez, en una rueda de prensa ofrecida en la capital grancanaria, ha afirmado que se tuvo que "buscar la vida", como le dijo la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias después de ser agredida, el 29 de octubre de 2008, y "llorar sola en casa", pues nadie la escuchaba, ni siquiera en los sindicatos a los que acudió. La docente ha lamentado que desde la Consejería de Educación no se quiera dar a conocer la realidad de los centros educativos, donde asegura que diariamente los profesores sufren "violencia verbal". Rodríguez, acompañada por representantes del sindicato Interinos y Sustitutos de Canarias (Insucan), el único que le ha prestado apoyo jurídico y psicológico, ha informado de que después de ser agredida estuvo de baja laboral y que al regresar al centro, el IES de Teror, solicitó que ante los hechos tan graves que habían ocurrido se trasladara a la alumna a otro centro. Según la docente, la dirección en un principio fue reacia a tomar esta decisión, pero después de dos meses de la agresión se produjo el traslado de la alumna, a la que Rodríguez, como profesora de guardia, había preguntado aquella mañana de octubre por qué no estaba asistiendo a clase, cuestión que desató la agresión, primero verbal y después física, al propinarle un puñetazo en la cara que la tiró al suelo. Rodríguez, que sigue tomando medicamentos ansiolíticos, ha señalado que en el centro no "hay palabras" para ella por parte de la dirección y sólo tiene apoyo de parte de sus compañeros, al tiempo que ha asegurado que ella no ha hecho "nada", y que incluso se le invitó a cambiar de instituto, a lo que se negó. Los representantes de Insucan han criticado la reacción de la Consejería de Educación ante la sentencia al señalar que el fallo coincide con el protocolo que la Administración canaria firmó con la Fiscalía de Menores sobre la agresión a los docentes, pues han informado de que es una "copia" del que ellos elaboraron y le presentaron meses antes. El representante de Insucan Ernesto Perera ha confiado en que la sentencia sirva para mejorar la educación y se consiga mayor protección para los docentes, pues es la primera vez en España que una agresión de este tipo se califica como delito y no como falta. Ha considerado que se trata de una "buena sentencia", pues, además de imponer un año de libertad vigilada a la menor, obligarla a un tratamiento psiquiátrico, e imponer una indemnización de 9.000 euros a sus tutores, en este casos sus padres, también recrimina la educación recibida por la joven en el seno familiar y demanda responsabilidad a la Consejería. Perera ha criticado que desde la Consejería de Educación se intente "tapar" el problema que existe en las aulas, y que desde la Administración se tome al alumno como presunto inocente y al profesor como presunto culpable. Ha denunciado también el hecho de que cuando suceden hechos como este el alumno y el profesor tengan que convivir en el mismo centro sin que se produzca una resolución inmediata, así como que no se informe a los profesores sobre los estudiantes con problemas. Perera ha indicado que su sindicato ha presentado denuncias similares a la de Rodríguez y que están pendientes de que se celebren juicios en varios casos ocurridos en Fuerteventura y Tenerife, al tiempo que ha lamentado la desprotección del docente ante las intimidaciones y agresiones físicas y verbales de alumnos y padres. El abogado que ha representado a Rodríguez, Francisco Perera, ha informado de que también ha presentado denuncias administrativas para reclamar la responsabilidad de la Consejería de Educación, tanto en el caso de Rodríguez como en el de otros docentes.