La Disciplinaria cita a Alba en Madrid

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La Comisión Disciplinaria del Consejo General del  Poder Judicial ha citado  a Salvador Alba para que comparezca el próximo 30 de noviembre a prestar declaración en Madrid en referencia al expediente que se le ha abierto por dos faltas muy graves y una grave.  

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha citado al magistrado Salvador Alba para que comparezca el próximo miércoles 30 de noviembre en la sede central del  órgano de gobierno de los jueces –si lo desea, acompañado de abogado– para prestar declaración en referencia al expediente que se le abrió el pasado 8 de noviembre por dos faltas muy graves –inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas y revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función cuando se causa algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona– y una grave –abuso de autoridad–.

El promotor de la Acción Disciplinaria abrió en mayo pasado diligencias informativas al magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas tras recibir una denuncia  contra él de parte de la también magistrada Victoria Rosell, a quien Alba sustituyó el Juzgado cuando Rosell pidió la excedencia voluntaria para concurrir a las elecciones como candidata al congreso por Podemos.

charla. A esas diligencias se incorporaron después las grabaciones del Albagate que desveló en primicia este periódico el 11 de mayo:  una conversación entre Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez grabada el 16 de marzo de 2016 por el empresario en el despacho del magistrado. En esta charla se perfilaban los términos en los que prestaría declaración oficial Ramírez el 23 de marzo siguiente, en el proceso en el que está investigado como presidente de Seguridad Integral Canaria y por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Precisamente por esta circunstancia el CGPJ imputa al juez una falta grave de abuso de autoridad, pues en lugar de investigar al empresario por los citados delitos se centró en preguntarle por las relaciones comerciales que mantenía con el periodista Carlos Sosa, pareja sentimental de la juez Rosell.