La Dirección del Menor de Canarias, criticada por el Defensor del Pueblo

27/02/2013

La Dirección General de Protección del Menor y la Familia de Canarias y los ayuntamientos isleños de La Oliva y Teguise figuran entre la veintena de administraciones públicas más criticadas por el Defensor del Pueblo por no colaborar como deberían con sus investigaciones en su informe anual de 2012.

En ese informe del Defensor del Pueblo se menciona a las corporaciones de La Oliva, en Fuerteventura, y Teguise, en Lanzarote, entre las administraciones que "no han contestado a una solicitud de información después de habérselas requerido hasta en tres ocasiones", entre las que se cita también a la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno canario.

Esa dirección general es uno de los únicos dos departamentos autonómicos que, junto a la Consejería madrileña de Transportes, figuran en la lista de las administraciones criticadas en el informe por ese grado de reiteradas faltas de respuesta, en la que no figura ningún área del Gobierno estatal y sí otros dieciséis ayuntamientos, además del lanzaroteño y el majorero referidos.

Dichos ayuntamientos son los de Alboraya y Xeraco (Valencia), Barruelo de Santullán (Palencia), Cabrerizos (Salamanca), Castalla y Pilar de la Horadada (Alicante), Covaleda (Soria), Esplegares (Guadalajara), Lucillos, Sonseca y Pelahustán (Toledo), Manzanares el Real y Robledo de Chavela (Madrid), Pollensa (Baleares), Salas (Asturias), y Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

Además, la Universidad Complutense de Madrid, el Colegio de Abogados de Toledo y los ayuntamientos de Torredembarra (Tarragona), Langreo (Asturias) y Leganés (Madrid) son consideradas por el Defensor del Pueblo como "administraciones entorpecedoras" de su labor por obstaculizar sus investigaciones.

Así consta en el citado informe anual, que recuerda que las administraciones están obligadas a contestar sobre la "información que precisa para sus investigaciones" y lamenta que en ocasiones "esta respuesta no es siempre inmediata y en algunos casos, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse".

Las administraciones consideradas entorpecedoras son aquellas que han "dificultado u obstaculizado la labor del Defensor del Pueblo de manera sistemática", recoge el informe de 2012.

En el mes de diciembre del año pasado, la Defensora del Pueblo, Soledad Bacerril, puso en conocimiento del fiscal general del Estado la relación de administraciones que no le habían respondido, que a finales de año eran ocho, de las que tres sí contestaron finalmente: el Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), el de Arona (Santa Cruz de Tenerife) y la Conselleria valenciana de Infraestructuras y Transportes.

De las cinco administraciones que "a pesar de los esfuerzos no han remitido las obligadas contestaciones", la Defensora destaca la "actitud" del Colegio de Abogados de Toledo -al que en 2011 ya se citó como "entorpecedor"- que respondió que no había contestado porque consideraba que los requerimientos no tenían "sentido" ni "relevancia alguna".

Otras entidades que se citan como no colaboradoras son la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento -que contesta usualmente "con retraso"-, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de Madrid, y el Ayuntamiento de Robledo de Chavela (Madrid).

El informe también cita que tras la supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-la Mancha, sus quejas fueron transferidas a esta institución y algunas administraciones se han retrasado en responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo, lo que ha motivado una demora en la tramitación de dichas quejas.