La Defensora denuncia a diez instituciones canarias por falta de colaboración

En concreto, según fuentes de la institución, los organismos del Gobierno canario que no han contestado tras el tercer requerimiento son la Consejería Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de Canarias, el Instituto Canario de la Vivienda y la Dirección General de Protección del Menor y la Familia.

En la misma situación se encuentran los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Puerto de la Cruz, Arona, Granadilla de Abona, Arrecife y La Oliva.

El resto de las administraciones incluidas en la queja de la Defensora del Pueblo son el ayuntamiento de Alzira (en relación a reclamaciones por suministro de luz y contaminación acústica) y el de San Fernando de Henares (por un procedimiento de responsabilidad patrimonial, entre otras cuestiones).

También figuran otras administraciones municipales como el ayuntamiento de Torredembarra, el de Galapagar, el Langreo, el de Llanes, el de San Pedro del Pinatar, el de Estepona, el de Parla, el de Ciudad Real, Almendralejo y Barbate.

Pero además están el ayuntamiento de Burgos, el de Candeleda, el de Almuñécar, Pallej, de Leganés, Badajoz, Algete, Sanlúcar de Barrameda y Arganda del Rey.

Otros son el de Castro Urdiales, Águilas, Alboraya, Guadalajara, Tres Cantos, Burjassot, Lugo, Logroño, Mijas y Denia.

A ellas se suman el ayuntamiento de Granada (ante las reclamaciones por el botellón y una supuesta pasividad policial), además de el de Torrejón de Ardoz y el de Alhaurín el Grande.

Entre las instituciones de las administraciones autonómicas que no han respondido al tercer requerimiento del Defensor está la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, y la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana.

Asimismo, la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Castilla-La Mancha, la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid.

Por último, están en la lista otros organismos de distintas administraciones, como Universidad Complutense de Madrid; el Colegio de Abogados de Badajoz, el de Toledo, Murcia, la Universidad Pablo de Olavide y el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.