La declaración oficial de Ramírez pudo ser delictiva

La juez Varona ha citado a todos los operadores jurídicos que asistieron a la declaración oficial de Miguel Ángel Ramírez ante Alba el 23 de marzo de 2016 la que supuestamente fue preparada en la conversación grabada para aclarar si allí tampoco se habló del delito fiscal, sino de Rosell y su pareja. La magistrada que investiga el Albagate en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona, ha citado a declarar en calidad de testigos a todos los operadores jurídicos que intervinieron en la declaración oficial que prestó Ramírez ante Salvador Alba el 23 de marzo de 2016 la que supuestamente fue preparada en la reunión extraoficial del 16 de marzo anterior, la que fue grabada por el empresario, con el fin de determinar si durante la diligencia se pudo cometer algún delito. La declaración oficial de Ramírez en la causa 64/2014 por delito contra la Hacienda pública y contra la seguridad social el 23 de marzo de 2016 no sólo se encuentra actualmente anulada por la magistrada que sucedió a Alba en la investigación Carla Vallejo, sino que es objeto de investigación en el expediente disciplinario abierto a Alba por el Consejo General del Poder Judicial el pasado martes. El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, entiende que Alba podría haber cometido una falta grave de abuso de autoridad al valerse de su condición de juez instructor para preguntar a Ramírez por su relación comercial con el compañero sentimental de Rosell, una cuestión que, tanto a juicio de Fonseca-Herrero como de la juez Vallejo, nada tenía que ver con el delito por el que se habían incoado las diligencias previas. La juez Varona ha acordado citar a todos los que participaron en aquella declaración oficial. Alba y Ramírez , como avanzó este jueves este periódico, declararán en calidad de investigados asistidos de sus respectivos abogados los días 21 y 22 de noviembre, lunes y martes. El lunes también comparecerá como testigo el abogado de las empresas de Ramírez Sergio Armario, y el martes también lo harán, igualmente en calidad de testigos, la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas Eva Ríos, el abogado del Estado José Risquete, la letrada de la Tesorería de la Seguridad Social Cristina Rodríguez y la letrada Paloma del Amo, del sindicato USO. El auto de la juez Varona apunta que, entre otras cuestiones, lo que está por aclarar es si, como consecuencia de la reunión extraoficial entre Alba y Ramírez «y de la efectiva declaración judicial» prestada por el empresario el 23 de marzo «se pretendía por don Salvador Alba (...) no sólo desacreditar a doña Victoria Rosell, sino también intentar influir tanto en la supuesta apertura de expediente disciplinario o diligencias informativas contra la misma por parte del Consejo General del Poder Judicial como en la causa penal especial abierta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la señora Rosell, en virtud de la querella y ampliación de la misma interpuestas por don José Manuel Soria».