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Cristina González Oliva
Jueves, 1 de enero 1970
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Los miembros de la Asociación hogar para la tercera edad y pensionista de Jinámar temen tener que tirar comida ante las trabas burocráticas que les ponen para poder repartirlas. La obligatoriedad de que se entreguen a personas con informes de un asistente social impide más agilidad.
La nueva resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que entró en vigor en marzo está ralentizando el reparto de alimentos a personas en riesgo de exclusión social. Una situación que viven desde hace semanas en una de las llamadas organización asociada de reparto (OAR) de Cruz Roja, instalada en la Gerencia del Valle de Jinámar. A finales de julio, la Asociación hogar para la tercera edad y pensionista, que lleva desde 1996 entregando comida sin tener que estar asociado, recibió un cargamento del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de 16 palés con 12.110 kilos de alimentos. Todavía tienen alrededor de la mitad almacenados por la falta de informes de las asistentes sociales, que ahora son obligatorios.
El presidente de la Asociación, Guillermo Casañas, y uno de los socios, Germán Ramos, temen tener que tirar comida. Como por ejemplo, los cientos de litros de leche que tiene fecha de caducidad próxima, en los primeros días de noviembre. Ahora intentan buscar una fórmula intermedia que permita dar los alimentos de una forma más ágil sin saltarse la normativa, que es muy exigente en estas cuestiones para evitar la picaresca. Necesitan que asistentes sociales firmen los informes y en la unidad de Jinámar están dando cita para un mes o más después.
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