La banca se resiste a un pacto contra el desahucio

Cinco meses han transcurrido desde aquella reunión que mantuvieron el presidente y la vicepresidenta del Gobierno con las entidades financieras de Canarias para trabajar en un convenio que les comprometiera a evitar los desahucios de viviendas. A día de hoy, el convenio sigue esperando, igual que la oficina que el Ejecutivo anunció.

Almudena Sánchez
ALMUDENA SÁNCHEZ

La paralización de los desahucios en Canarias fue una de las medidas estelares del presidente y vicepresidenta del Gobierno autonómico al poco tiempo de tomar el relevo al anterior Ejecutivo.

En julio, Fernando Clavijo y Patricia Hernández convocaron a todas las entidades financieras de Canarias que han impulsado ejecuciones hipotecarias para promover un convenio que las comprometiera a poner fin a unos procedimientos que más crispación social ha provocado a lo largo de la crisis.

Cinco meses después, ninguna entidad ha firmado documento alguno, aunque el director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, afirmó que «los desahucios se han reducido notablemente gracias, en gran parte, a la presión social ejercida en estos años por las plataformas de afectados por la hipoteca» ( PAH).

El único convenio que ha podido suscribir la vicepresidenta y consejera competente en Vivienda ha sido con la Sareb -o banco malo- mediante el cual se han cedido por cinco años 50 viviendas para alquiler social. «Éste será el convenio de referencia», explica Pérez cuando la banca se avenga a ello.

En ese sentido, «queremos modificar el que hay suscrito con Bankia y estamos trabajando también de forma continuada con CaixaBank», indicó el director.

La vicepresidenta también anunció su intención de llegar a este tipo de acuerdos con la Administración de Justicia. A día de hoy, tampoco hay grandes resultados.

José Gregorio Pérez aclara que el Consejo General del Poder Judicial les remite las estadísticas sobre desahucios, pero «la firma del protocolo» -para saber en qué situación y cómo puede intervenir el Gobierno- y el convenio en sí está todavía por llegar. «Pero estamos dando alternativas habitacionales», puntualiza el director del instituto.