La Autoridad Portuaria anula el istmo con o sin el PP
No será un día cualquiera. Cuando mañana concluya el consejo de administración del Puerto de Las Palmas, los socios del pacto de Gobierno regional escenificarán hondas diferencias en torno a las actuaciones urbanísticas en la capital grancanaria. El Puerto asumirá la anulación con o sin el respaldo del PP.
Miércoles, 4 de mayo 2005, 00:21
Al Partido Popular (PP) le queda cada vez menos tiempo para esculpir una estrategia que impida al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas acatar la suspensión del concurso de ideas del istmo. El presidente del Cabildo grancanario y líder de los conservadores, José Manuel Soria, trató de ganar dos semanas para impedir que el Puerto asumiese la anulación impuesta por el Ministerio de Fomento, el Consejo de Estado y la Comisión Europea.
Soria lo intentó con el presidente del Gobierno, Adán Martín, pero fracasó en su deseo de provocar una controversia institucional entre el jefe del Ejecutivo y el Partido Socialista. Es más, una vez que el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero confirmó que Adán Martín ordenaba la convocatoria del consejo para mañana, fijó automáticamente la fecha del encuentro en Moncloa para 24 horas más tarde.
El PP acude, pues, al consejo del Puerto con la debilidad de cuatro votos a favor y al menos 17 en contra, ya que los cuatro empresarios están aún barajando si se abstienen o se excusan en el caso de que se fuerce un escrutinio.
El presidente del consejo de administración, José Manuel Arnaiz, optará por no votar. Los servicios jurídicos aportarán un informe de los abogados del Estado que recomienda acatar la anulación del concurso de ideas en virtud de un incumplimiento del Tratado de la Unión Europea sobre libre concurrencia para convocatorias públicas. Este informe utiliza como pieza central el expediente de revisión de oficio del Ministerio de Fomento y el fallo del Consejo de Estado.
Arnaiz ha incluido en el orden del día del consejo una terna de propuestas tendente al «entendimiento». En primer lugar sugiere acatar, sin votación, la decisión de Ministerio. En segundo término tiende una mano al PP para comprometer al PSOE en la recuperación de la Base Naval y, en un tercer estadío, propone una declaración institucional en favor de la Gran Marina, de forma que se constituya una comisión que asuma, sin fisuras legales, el futuro planeamiento del litoral.
La prueba de fuego para Arnaiz recae sobre Pepa Luzardo, alcaldesa de la capital grancanaria. A Luzardo le va a costar ceder en su posición de enfrentarse al Ministerio de Fomento y para que no haya sorpresas en el consejo, la primera edil se ha encargado de recabar el apoyo de José Manuel Soria. Una fuente oficial del Cabildo aseguró ayer que el PP «ofrecerá firmeza y unidad».
Esa actitud significa que Arnaiz tendrá dificultades para promover un acuerdo sin votación; incluso es complejo, a priori, reflejar la decisión en el acta del consejo.
En el Puerto se entiende que si Luzardo fuerza una votación, «habrá una fractura inevitable». «Será una provocación en toda regla a la legalidad vigente y será el PP el que acarree con las consecuencias».
El PP, por tanto, está en una encrucijada. El hecho de que se incorporara al consejo la anulación del concurso, «supone una derrota para sus tesis electorales de vapulear a la Administración socialista», según fuentes gubernamentales. «Ocurra lo que ocurra, el PP ya ha perdido este pulso. Lo que se ha de dirimir, ahora, es si prefiere asumir por una mínima y decorosa diferencia los pareces que fortalezcan el entendimiento, o provoca a todo el consejo, al Gobierno regional en el que participa, al Ministerio de Fomento, a la Comisión Europea o a la mismísima legalidad vigente».
Como se recordará, el próximo día 22 concluye el plazo dado por la Comisión Europea al expediente de sanción a España por caso del istmo. El día 10 se elevan las conclusiones españolas ante las autoridades de Bruselas.
