La Audiencia falla que Cortezo no estafó con Hoya Pozuelo

G.F.-A.F.G

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto al empresario Jaime Cortezo Massieu de los delitos de estafa, falsedad y alzamiento de bienes que le atribuían 16 compradores de las casas pendientes de derribo en Hoya Pozuelo. También absuelve a los otros dos acusados, Juana Rosa Fuentes y Elena del Castillo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado presidente de la Sala, José Luis Goizueta, viene a decir, en esencia, que no hay pruebas de los delitos por los que se acusaban a Cortezo, a su mujer, Elena del Castillo, y a una empleada de la promotora, Juana Rosa Fuentes. Habla el juez de "pobre bagaje probatorio", en particular para la acusación del delito de estafa, cuyo análisis centra la inmensa mayoría de los 26 folios de este fallo, dictado el pasado 23 de marzo de 2015 y recurrible aún en casación ante el Tribunal Supremo.

La Sala considera acreditado, una vez escuchadas todas las testificales durante la vista oral del juicio, que tras conocerse por la promotora de las viviendas la existencia de un expediente sancionador de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) contra 21 de sus casas de Hoya Pozuelo, en La Garita, por ocupar suelo de servidumbre de protección costera, los adquirentes afectados no solo fueron informados de que existía ese problema, sino que se les dio la posibilidad de devolución del dinero, como así se hizo con los que lo solicitaron. Así las cosas, apunta la Sala, "no se aprecia la existencia de engaño alguno", que ha de ser un requisito básico para que exista una estafa.

Dos tipos de comprador. Las fechas del proceso juegan un papel clave en los razonamientos de esta sentencia, y en ese sentido hay dos que Goizueta tiene especialmente en cuenta: el 21 de febrero de 2000, que es cuando Cortezo recibe la notificación de la incoación del expediente sancionador a las viviendas porque invadían la zona de servidumbre de protección de 100 metros desde la pleamar costera y se le ordena además parar y precintar las obras; y la del 4 de agosto de 2000, que es cuando la Apmun resuelve que hay infracción administrativa y obliga al derribo.

En función de esas dos fechas, el magistrado distingue entre dos tipos de compradores. Por un lado están los 6 que adquirieron sus casas antes del 21 de febrero de 2000, es decir, antes de que los acusados tuvieran conocimiento de la denuncia que un apoderado de la promotora les había puesto en septiembre de 1999. «Difícilmente puede achacarse a los acusados ningún ocultamiento de aquello que desconocían», y apunta que «no consta en absoluto» que al acusado conociera esa denuncia.

El segundo grupo lo divide a su vez en dos. Hay 4 compradores que escrituraron la venta tres días después de notificarse la incoación del expediente y respecto a ellos dice el magistrado que en mayo el acusado se reunió con ellos, les explicó la situación y les ofreció la devolución del dinero. Además, hace constar que entre marzo y diciembre de 2000 fueron constantes las noticias en prensa sobre el expediente. Y luego habla del resto de compradores (entre noviembre de 2000 y mayo de 2004), respecto a los que entiende que ha quedado "plenamente acreditado que tuvieron perfecto conocimiento de la situación administrativa de las viviendas".