La Audiencia de Cuentas sospecha de responsabilidad contable en las fundaciones públicas

Almudena Sánchez
ALMUDENA SÁNCHEZ

Las fundaciones que se financian con el dinero del Gobierno canario se lo gastan sin apenas control ni someterse a las órdenes que emanan desde el Ejecutivo. Así lo constata, una vez más, la Audiencia de Cuentas. Esta vez ha decidido enviar la investigación al Tribunal de Cuentas ante los «indicios de responsabilidad contable» detectados entre los años 2006 y 2009.

La mayoría de las sospechas que han levantado las fundaciones públicas en la Audiencia de Cuentas tienen que ver con pagos al margen de lo estipulado por el Gobierno que las sustenta, incentivos que no están regulados y contrataciones tanto de personal como de productos y servicios que se hacen a dedo.

Así, el órgano fiscalizador ha recabado hasta una decena de «indicios de alguno de los elementos integrantes de la responsabilidad contable», por lo que esta vez ha decidido enviar los resultados de la investigación de los años 2006-2009 al Tribunal de Cuentas para que resuelva si merecen entregarlos a la fiscalía.

En el informe, que lleva desde principios de abril esperando por su publicación en el Boletín del Parlamento, se denuncia que los gerentes de las fundaciones de Investigación y Salud, Fomento del Trabajo (Funcatra) e Ideo cobraron retribuciones en 2008 por encima de un jefe de servicio de la Comunidad Autónoma, sin que tuvieran la autorización preceptiva del Gobierno.

El caso de Funcatra es aún más llamativo puesto que el Ejecutivo convalida el incumplimiento en 2011.

Además, el personal de las fundaciones mencionadas así como el que trabajó en la Rafael Clavijo para la Investigación Biomédica cobraron complementos retributivos que no figuran ni en sus contratos, ni en los convenios colectivos respectivos.

Concretamente, en Funcatra se explica a la Audiencia de Cuentas que se paga «de forma habitual a todos los trabajadores un plus de asistencia acordado fuera de los contratos de trabajo»

En la Fundación Rafael y Clavijo, el personal investigador trabajó también en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife.

La Audiencia no ha podido constatar que dicho personal fuera contratado con publicidad y concurrencia, que pidiera compatibilidad para el pluriempleo, ni su dedicación a la investigación desarrollada supuestamente por la fundación pública.

A esto se añade que el órgano fiscalizador descubrió que 16 investigadores de la Rafael Clavijo que también trabajaban en el HUC cobraron en 2009 más de 3.000 euros anuales de manera ilegal.

Por otro lado, en varias fundaciones se produjeron despidos y litigios laborales solventados en los juzgados que generaron un gasto público extraordinario.

Paralelamente, en la Fundación Ideo aún quedan por rescatar en 2014 más de 4.000 euros por anticipos pagados de forma indebida. La Audiencia recuerda que en 2005 detectó este mismo problema -que entonces representaba casi 19.000 euros-.

Por último, la Fundación de Investigación y Salud tuvo que pagar a Hacienda más de 43.000 euros en recargos.