La Aldea roza la quiebra técnica con un déficit superior al 75%

Gabriel Súarez
GABRIEL SÚAREZ

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás demanda de urgente asistencia financiera y crediticia. Con un endeudamiento que ha superado el límite del 75% del presupuesto, su situación económica en teoría roza la quiebra técnica. El alcalde, José Miguel Rodríguez, asegura que es la peor en las islas.

El desequilibrio entre gastos e ingresos del Ayuntamiento «es bestial». La frase directa y explícita del alcalde, José Miguel Rodríguez, no deja lugar a dudas. El consistorio aldeano, con un presupuesto de algo más de 7 millones de euros, 176 nóminas mensuales y un endeudamiento superior al 75%, se enfrenta al más delicado y duro momento económico de su historia, con un déficit «escalofriante» e imposible de superar con sus propios recursos.

«Si no conseguimos remontar una deuda de 6 millones con los bancos y de 2 millones con proveedores, estamos abocados a una intervención del Estado», afirmó el primer edil, quien ha puesto los papeles de esta cruda realidad en manos de los sindicatos para que se vayan haciendo una idea de lo que puede pasar, ya que también deben 60% de la paga extra de junio, 100% de la de Navidad y la nómina de enero.

Medidas. «Sólo con el esfuerzo de un lado no se soluciona, aquí tiene que haber un conjunto de decisiones compartidas y de medidas que implican ahorro, incremento de ingresos, saneamiento de la administración, cierre de servicios que no son de competencia municipal y regulación de empleo», señaló.

Tiene claro que de no existir apoyo y flexibilidad en la aplicación de la ley de equilibrio presupuestario, «estamos abocados a una intervención», afirmó.

Plan de viabilidad de la residencia

Deuda. La residencia de mayores de La Aldea, con 29 usuarios y 23 trabajadores y una deuda acumulada de 400.000 euros, no es rentable desde el punto de vista económico. «Por tanto su privatización resulta inviable», señaló ayer el alcalde de La Aldea, José Miguel Rodríguez, quien para mantenerla abierta ha pedido al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria aportes extras para hacer frente a ese alto endeudamiento, «porque si no se paga, la Audiencia de Cuentas de Canarias nos obliga a liquidar la sociedad pública mercantil municipal», aclaró. Según Rodríguez, esa deuda responde a tres pólizas bancarias, facturas de proveedores, nóminas del mes de enero y seguros sociales. Pese a esto, el alcalde no piensa cerrar la residencia ni despedir trabajadores. «Mientras haya residentes vamos a seguir prestando servicios, aún no habiendo renovado el convenio con el Gobierno y el Cabildo», indicó el primer edil, quien anteayer arrancó el compromiso de la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, de poner a disposición de la residencia al director general de la Consejería para elaborar un plan de viabilidad, indicó. Respecto a ese plan de viabilidad, pasaría por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), una adaptación de los aportes de los usuarios, que en estos momentos son cantidades fijas y la ley establece que tiene que ser del 70% al 90% de su pensión y que las plazas se ocupen sólo por requerimiento.