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La segunda adenda al pacto, acordada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario (PSC), facilita a este último introducir cambios en el Proyecto de Ley del Suelo. Entre estos, destaca el de recuperar para el Gobierno autonómico el poder que ha perdido en la mencionada ley. El Partido Socialista Canario (PSC) celebra que pueda mantenerse el poder de la Comunidad Autónoma en la ordenación territorial y Coalición Canaria (CC) se limita a constatar el cumplimiento del pacto que firmó en 2015 para la gobernabilidad de Canarias. Son dos visiones distintas sobre la referencia al Proyecto de Ley del Suelo que se hace en la adenda, recién aprobada por ambos partidos. En el borrador de la citada ley, la Consejería de Política Territorial redujo las funciones que actualmente tiene la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COTMAC) y, conforme se ha ido reelaborando el texto, este órgano autonómico ha ido ganando el alcance perdido. Así, el PSC ha conseguido que la adenda abra el camino para reforzar la competencia autonómica: «se apuesta por la garantía de que la evaluación medioambiental estratégica de la ordenación del planeamiento se apruebe por un órgano colegiado de la Comunidad Autónoma de Canarias». En realidad, dicha adenda viene a ratificar lo que contemplaba el pacto de 2015 y que la iniciativa legislativa del Gobierno había reducido a la mínima expresión. Esto fue recordado, además, en un comunicado que emitió la «dirección del Comité Ejecutivo Regional» del Partido Socialista Canario justo después del informe del Consejo Consultivo sobre el Proyecto de Ley del Suelo, que también advirtió del debilitamiento del poder autonómico. Pero habrá más cambios antes de aprobarse la ley. El portavoz del grupo Nacionalista manifestó que «se definirán mejor los usos del suelo rústico». Para el PSC esto significa «contener al máximo el consumo del suelo rústico y mayor control de los usos complementarios». También se da por hecho que las Directrices de Ordenación, camino de ser derogadas por el proyecto legislativo, «deben mantenerse con rango reglamentario», exigió el PSC.
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