Juan Saavedra: "Los jueces no tienen derecho a la huelga"

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español, Juan Saavedera Ruiz, manifestó ayer en Las Palmas de Gran Canaria que, desde una perspectiva «estrictamente personal», considera que los jueces «no puede ir a la huelga».

El magistrado Juan Saavedra Ruiz, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, afirmó ayer en Las Palmas de Gran Canaria que, si bien la decisión sobre la licitud o ilicitud de la huelga de jueces es competencia de la sala tercera (de lo Social) del Alto Tribunal, su opinión personal y, «la de la mayoría de los jueces del Supremo» es que los jueces «no tienen derecho a ir a al huelga».

Saavedra Ruiz dictó ayer la última ponencia de las jornadas sobre la Prueba Ilícita en el Proceso Penal, que entre el jueves y el viernes se celebraron en la capital grancanaria bajo la dirección del abogado penalista José María Palomino Martín y la organización de la librería jurídica Librocan.

La máxima autoridad de la judicatura española en la jurisdicción penal calificó de «inteligente» la decisión del pleno del Consejo General del Poder Judicial que el pasado martes declaró la incompetencia del órgano de gobierno de los jueces para establecer los servicio mínimos de la huelga programada para el próximo miércoles. Apuntó que no hay duda alguna de que la autoridad competente para determinar si los jueces pueden ir a la huelga es «jurisdiccional» y corresponde a la Sala de lo Social del Supremo, que, dijo «es a quién corresponde decidir lo que proceda con arreglo a la legislación vigente», pero apuntó, no obstante, que personalmente entiende que «no hay derecho a la huelga por parte de los jueces».

Opinable.

El magistrado no despreció «otras opiniones» de magistrados que sostienen lo contrario y que consideran que «se podría justificar la huelga en sobre la base de distinguir el estatuto de funcionarios de los jueces».

«Creo que al Consejo [General del Poder Judicial] no le desagrada que la cuestión la resuelva la Sala Tercera», apuntó el magistrado, «entre otras cosas porque es la jurisdicción la que tiene que pronunciarse sobre este asunto», agregó.

La Policía también descarga de ‘E-mule’.

El inspector de la Unidad de Delitos Tecnológicos del cuerpo Nacional de Policía César Fernández cosechó la salva de aplausos más espontánea de las jornadas jurídicas al admitir desde el estrado de conferenciantes que, como la mayoría de los españoles aficionados a usar los ordenadores, él también se descargaba películas del programa E-mule.

Fernández hizo esta manifestación para subrayar que lo que se considera delictivo es la descarga de archivos con ánimo de lucro. El especialista en investigación tecnológica de la Guardia Civil Carlos Eduardo de No confirmó en el mismo foro que sólo si el usuario copia archivos «a nivel industrial» su actividad será susceptible de persecución penal.