Jennifer revive su pesadilla

Rebeca Díaz
REBECA DÍAZ

Hace un año Jennifer Omar sonreía al lograr salvar la situación de desahucio a la que se enfrentaba junto a su familia. Gracias a la parroquia de su barrio, consiguió un nuevo hogar y un trabajo temporal. Hoy, separada y sin empleo, se ve abocada a revivir esa pesadilla. La imposibilidad de pagar los 300 euros del alquiler la llevan a una nueva situación de desalojo, fijado en octubre.

A sus 27 años, Jennifer Omar vuelve a enfrentarse a una situación que confiaba no revivir nunca. Hace justo un año se veía a un paso de ser desahuciada de la vivienda que en esos momentos habitaba en Las Rehoyas, junto a su marido y los tres hijos de ambos, por el impago del alquiler de la misma. La situación de desempleo en la que se encontraba la pareja no le permitía hacer frente a un cargo mensual. La intervención de la parroquia del barrio resultó entonces decisiva. A través del cura y de la asociación benéfica Faycan Ciudad Alta, esta joven madre consiguió un nuevo hogar y hasta un trabajo temporal que la hacían ser optimista sobre el futuro.

Sólo han pasado 12 meses y la vida de Jennifer ha vuelto a desbaratarse. A la pérdida del empleo, «porque sólo era para sustituir en vacaciones», se sumó la separación de su marido, que también perdió el trabajo «que había conseguido en Mogán». Asegura que ante esa situación, se vuelve a ver en la imposibilidad de pagar el alquiler, que asciende a 300 euros. «Él dejó de pasarme los 200 euros que me daba y yo, con los 426 que cobro del paro, que además se me acaba en septiembre, no puedo con todo», explica.

Además, señala que «el cura me dijo en su día que él se haría cargo del pago del alquiler durante un año, pero a los pocos meses me dijo que ellos pagarían la mitad y que yo tenía que pagar los otros 150 euros. Lo hice durante unos tres meses, pero luego me fue imposible y dejé de pagar».

Tras cinco meses de impago de la renta, esta semana esta joven madre recibía una citación del juzgado. En ella se demanda a la asociación benéfica a la que recurrió su parroquia para conseguirle su actual residencia, y que figura como arrendataria de la misma, por un montante de 1.500 euros, la cantidad que se adeuda, más las costas del juicio, fijado para el mes de septiembre. Además, se informa de que, de no resolverse la situación, la vivienda deberá quedar libre el próximo 18 de octubre.

«Otra vez vuelta a empezar, otra vez lo mismo», se lamenta Jennifer. Asegura que recogió la citación, aunque no venía a su nombre, «porque la chica del Juzgado me dijo que si no lo hacía, en cualquier momento podían aparecer por mi casa y cambiarme la cerradura».

Confiesa que ese es el mayor de sus temores, verse en la calle con sus hijos, tres niños de 5, 4 y 2 años. Por eso ha acudido a consultar a un abogado de oficio, «pero me ha dicho que no tengo nada que hacer», apunta incrédula. Asegura que en un caso extremo, su suegra, con la que la relación no es buena desde la separación del matrimonio, podría acoger a los pequeños en su casa, pero que ella no tiene a dónde ir. «Mis padre no me pueden ayudar», afirma. Jennifer comenta que no ha dejado de buscar una alternativa más acorde a su situación económica, pero que no la ha encontrado «En abril de 2010 presenté una solicitud a las viviendas que está dando el Gobierno en alquiler, por 50 euros, pero todavía no me han llamado.