González Arroyo: «La licencia del Baku la dio Claudina»

González Arroyo se despojó ayer de sus responsabilidades en torno a las posibles irregularidades urbanísticas que hayan podido cometerse en 2003 con el concurso de adjudicación del parque acuático de Corralejo. Ayer, a la salida de los Juzgados, descargó en Claudina Morales por haber otorgado la licencia de apertura en 2007.

David Monserrat
DAVID MONSERRAT

«La licencia del Baku la dio Claudina ya siendo alcaldesa, que es la que tenía que cobrar o no cobrar, y con informes que no eran del todo favorables», dijo ayer Domingo González Arroyo a su salida de los Juzgados de Puerto del Rosario, tras declarar como imputado por presuntas irregularidades en la aprobación en 2002, siendo alcalde del Ayuntamiento de La Oliva, del pliego de condiciones para el concurso de explotación del parque acuático Baku, situado en Corralejo.  

Domingo González y el resto de concejales de la corporación en la legislatura 1999-2003 están imputados por un delito contra la ordenación del territorio. «Creo que se ha hecho todo más o menos dentro de la más estricta legalidad por parte nuestra y si hay alguna diferencia que lo digan los tribunales», señaló Arroyo.  

Aunque Domingo González apunta a Claudina Morales, ésta no está imputada, puesto que aún no formaba parte de la corporación en abril de 2003, cuando Joca, la empresa adjudicataria del concurso, firmó el contrato de explotación con el Ayuntamiento de La Oliva. Sin embargo, convertida ya en alcaldesa, Morales sí dio la licencia de apertura en 2007.

Las presuntas irregularidades parecen hallarse en el pliego de condiciones del concurso de explotación del parque, que, sin embargo, «contaba con todos los informes técnicos favorables», aseguró Arroyo. Pero las instalaciones del recinto que finalmente se construyó exceden los usos previstos en el planeamiento municipal. Por otra parte, contrariamente a lo que establece la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de La Oliva dejó de ingresar en torno a un millón de euros en concepto de tasas por licencia de construcción.  

Según Arroyo, «el proyecto definitivo lo aprobó Claudina en comisión de gobierno; ella pidió un informe técnico que decía que era favorable pero con matices. Ella fue la que adjudicó la obra y si se hicieron reformas o no, si se amplío o no, es un tema de la alcaldesa que me sustituyó. Quien da la licencia es Claudina y cuando se da la licencia es cuando hay que cobrar, es decir, que ella también vio bien lo que se había hecho».

Imputados. Además de Arroyo, también están imputados Antonio Darias, Alejandro Hernández, Andrés Pérez, Cristóbal Calero, José Juan Aguiar y Marcelino Umpiérrez (PP); Maximino Méndez, Felipe Miranda y Olivia Estévez (PSOE); Raimundo Domínguez y Marcial Hernández (CC). Ismael González, fallecido, también estaba en la corporación en 2002.