Del Director

Góndola, el paraíso del compadreo

El caso Góndola se ha abierto como un melón para que cada uno contemple la fruta, tome una tajada y saboree el resultado de ese manjar. Lo malo es que esa digestión deja un sabor bastante amargo, precisamente aquel que deriva de comprobar cómo las fronteras entre el poder político y el empresarial se habían borrado, cómo la confianza había derivado en el chalaneo y cómo, en el sumum del dislate, alguien con responsabilidades públicas presumía de su capacidad para cambiar pronunciamientos administrativos que se supone se ajustan a una reglamentación estricta y, sobre todo, al cumplimiento de la legalidad.

La parte cuyo secreto levantó ayer el juez permite, entre otras cosas, leer la famosa conversación entre el empresario Santiago Santana Cazorla y el entonces presidente Adán Martín. Sobre la misma ya se manifestó la Justicia, pues nada menos que el Tribunal Superior dictaminó que no había delito, ni siquiera presunción del mismo. Cabe señalar, eso sí, la calentura que se cogió Adán Martín cuando detectó que la propuesta de Santana Cazorla no estaba ya sobre su mesa para su remisión al Parlamento, así como sus escasas dotes para la clarividencia al sostener en diciembre de 2006 que se equivocaban los que apuntaban a Paulino Rivero como candidato de Coalición Canaria a la Presidencia. Librado Martín del peso de la Justicia, ahora habrá que ver qué piensan los juzgados del papel de Salvador Iglesias, director general del gabinete presidencial y hombre al que Santana Cazorla llama cariñosamente como «Salva», a lo que éste contesta con el mismo afecto denominándolo «Santi». De esa conversación entre amigos se concluyen varias cosas: que Salva se tomó mucho empeño en sacar adelante el expediente de Santi; que Salva se refiere a los Servicios Jurídicos como unos modistos que hacen trajes a la medida que él determine, y que el regalo navideño que recibió de Santi mereció, como mínimo, una llamada para agradecerle el detalle.

Luego está el capítulo referido a las conversaciones en torno al interés del ex consejero Luis Soria por cerrar un negocio relativo a una cadena de supermercados. Habrá que ver también qué piensa la Justicia de lo que allí se recoge y si, como puede intuirse, esa parte da pie a más citaciones e interrogatorios judiciales. Quedan en el aire muchas dudas y por el bien de las partes personadas, de todos los citados y de la confianza del ciudadano en el sistema, es deseable que ningún cabo quede sin atar. En su informe, la Policía Nacional apunta a un posible tráfico de influencias, que no es cosa precisamente menor.

Mientras todos esos interrogantes se despejan, ojalá la luz sobre este caso y otros similares sirva para poner las cosas en su sitio y atajar el compadreo que respira Góndola por los cuatro costados, de manera que si un cargo público recibe un regalo navideño de alguien que está pendiente de trámites administrativos, se lo piense antes de darlo por bueno; que si los Servicios Jurídicos dicen blanco, no venga el director general de turno a recomendarles que rehagan su informe y concluyan que es negro, y que si alguien quiere mandar a «tomar por...» a un ex consejero autonómico, que lo deje para otro día. O para nunca.

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