El Gobierno y las comunidades autónomas se han dado este jueves tres mes para tener cerrado un informe técnico que recoja un diagnóstico sobre el sistema de dependencia en España y su financiación. Esta es una de las conclusiones de la reunión constitutiva de la comisión para el análisis de la situación de la dependencia a la que ha asistido el secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés, y responsables de las siete comunidades con competencias en esta materia: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Galicia y Castilla y León, y que es fruto de la Conferencia de Presidentes. Antes de este informe técnico y en un plazo de cuatro o cinco semanas, la comisión deberá haber elaborado un borrador donde se aborden las áreas de mejora. En declaraciones a los medios al término de la reunión, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha planteado que se reconozcan las singularidades de su comunidad y el hecho de que el coste de los servicios en las islas es muy superior a los de la Península. Dentro de tres meses, el informe técnico ya concluido se elevará al consejo territorial del sistema de dependencia para que otras comunidades autónomas hagan sus aportaciones si así lo desean. A partir de ahí, el trabajo se llevará a la comisión de expertos en financiación autonómica al objeto de debatir cómo se incorpora la dependencia al sistema de financiación.