Garzón imputará al franquismo un delito de genocidio

14/10/2008

El juez Baltasar Garzón ha decidido imputar un delito de genocidio al régimen franquista, según informaron hoy fuentes judiciales, en respuesta a las denuncias y querellas presentadas por una veintena de asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la represión desatada por la dictadura.

Estas fuentes precisaron que en los próximos días el magistrado dará a conocer una resolución en la que resolverá si es la Audiencia Nacional el órgano judicial competente para investigarlo o si deben ser los distintos jueces naturales los que estudien cada caso concreto.

La decisión del juez Garzón llegará después de varias semanas de intensa actividad judicial, en las que el magistrado pidió documentos e informes oficiales que involucraban a diferentes instituciones oficiales, caso de tres ministerios (Cultura, Defensa y Justicia), a varias alcaldías o a las cerca de 23.000 parroquias católicas de toda España.

Con ese material, el magistrado pretendía poner los primeros cimientos para identificar a las personas desaparecidas a partir del 17 de julio de 1936 tras el denominado Alzamiento Nacional, los tres años de Guerra Civil y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España, en referencia al primer franquismo que concluyó en 1948 tras ponerse fin a las juntas militares.

El pasado 6 de octubre, las propias organizaciones entregaron un censo orientativo con los nombres y posible ubicación de las tumbas de 133.708 personas que sufrieron la violencia del conflicto fratricida y la posterior represión política del franquismo.

Las asociaciones denunciantes cumplían así una de las reclamaciones del magistrado para que ordenasen y depurasen los distintos listados de víctimas, sin errores ni duplicidades. La resolución que prepara el juez Garzón deberá ordenar cómo investigar esos presuntos crímenes, para verificarlos, y sobre todo organizar el proceso de recuperación de los restos mortales.

Genocidio franquista

Con este censo en la mano, el juez ha concluido, según las fuentes citadas, que estos desaparecidos son víctimas de una estrategia delictiva, un genocidio, atribuible a los máximos responsables del Alzamiento Nacional y a los integrantes de las primeras juntas militares, decisión que habilita la adopción de soluciones que den respuestas a las reclamaciones de los familiares que reclaman localizar las fosas comunes, exhumar los cadáveres e identificarlos.

El Ministerio de Justicia remitió este lunes una carta al magistrado en la que pone a su disposición los servicios del Instituto Nacional de Toxicología para realizar las pruebas forenses que sean necesarias. El ministro Mariano Fernández Bermejo aseguró que está contestando con prontitud a los requerimientos del juez y al cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, que reconoce y amplía derechos a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

La resolución que perfila el juez Garzón debe despejar incógnitas cómo contra quién dirige la acción penal, dado que todos los presuntos autores han fallecido, o qué órgano es el competente para conducir la investigación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional es firme defensora de que el tribunal central no es competente para perseguir estos delitos por dos razones: cualquier responsabilidad penal en que hubiesen podido incurrir los responsables de estos hechos estaría prescrita o anulada por la amnistía general dictada antes de la aprobación de la Constitución de 1978, y en todo caso los encargados de indagar son los jueces naturales del lugar en el que se produce cada delito.