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Facebook como vía para evitar el derribo de la Biblioteca

Facebook como vía para evitar el derribo de la Biblioteca

Jueves, 1 de enero 1970

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Néstor Suárez y Marcos Santana son dos de los muchos estudiantes de la capital que empezaron el mes de enero con el disgusto de saber la Biblioteca Pública tenía los días contados. Lejos de resignarse, decidieron movilizar a otros jóvenes y crearon un grupo en Facebook: No al derribo de la Biblioteca Pública de Las Palmas. Ya suman más de 2.400 amigos.

Néstor Suárez y Marcos Santana pertenecen a la ACEP, Asociación Canaria de Estudiantes Progresistas, fundada en 2001 y que tienen entre sus prioridades «la defensa de lo público». Por eso el pasado 3 de enero, fecha en que los medios de comunicación dieron a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que decretaba el derribo de la Biblioteca Pública de San Telmo, decidieron tomar partido.

Ese mismo día Néstor, experto en redes sociales, creó en Facebook una página que, bajo la denominación de No al derribo de la Biblioteca Pública de Las Palmas, se marcó como objetivo recabar apoyos de la gente joven, estudiantes que como ellos se benefician de este espacio todo el año, «no sólo en época de exámenes». Pero además, se plantearon el reto de ofrecer información detallada de cómo se habían desarrollado los acontecimientos desde sus inicios, en 1997, hasta la actualidad. El éxito de la iniciativa parece evidente si se atiende al número de personas adscritas al foro, más de 2.400 y en aumento.

«No podíamos aceptar el derribo de esta magnífica biblioteca que tenemos», explica Marcos, coordinador nacional de ACEP. Señala que «desde la asociación intentamos defender lo que es nuestro y, sobre todo, defender lo que es público».

Néstor explica que optó por acudir a una red social «para dar a conocer nuestra reivindicación» porque es el medio que emplea la gente de su edad para comunicarse. Pero la aceptación ha sido tan buena que «ahora hay muchísima gente más».

Estos jóvenes confían en que los vecinos, a los que los tribunales les han dado la razón, «no exijan el cumplimiento de la sentencia». Pero entienden que los políticos deben asumir sus responsabilidades por el modo en que actuaron. «Pero no sólo el Ayuntamiento, también el Ministerio debe asumir su parte».

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