Se gastó 293.000 euros más de lo presupuestado

En la capitalidad cultural se gastaron 293.000 euros sin presupuestar

Un déficit de 291.505 euros  impide en estos momentos la disolución de la empresa creada para que la capital grancanaria fuera capital europea de la cultura en el año 2016. Si no se resuelve antes del próximo 31 de diciembre, la misma podría entrar en un concurso de acreedores.

Una modificación de crédito, aprobada en el último pleno por el actual grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que asciende a 155.000 euros, puede ser la llave que abra la puerta a la disolución de la sociedad creada desde la Corporación que dirigía Jerónimo Saavedra para intentar que Las Palmas de Gran Canaria fuera capital europea de la cultura en el año 2016. Siempre y cuando, esta aportación económica venga acompañada por 60.000 euros más, procedentes de las arcas del Cabildo de Gran Canaria, y otros 60.000 del Gobierno de Canarias, tal y como esperan los miembros del consejo de administración de Las Palmas de Gran Canaria 2016 Sociedad Anónima.
Si finalmente se pagan los 291.505 euros que se adeuda a un amplio listado de acreedores, la sociedad se podrá liquidar el próximo 31 de diciembre, tal y como figura en sus estatutos fundacionales. En caso contrario, si alguno de los acreedores denuncia, entraría en ley concursal.
Un tenso consejo de administración, celebrado el pasado martes, reflejó el malestar del sector empresarial que integra esta sociedad anónima por la forma en la que se ha gestionado ésta, que tuvo como director general a Juan Cambreleng y como presidente a Jerónimo Saavedra.
Según ha podido saber este periódico de fuentes del propio consejo, el representante de los empresarios privados que participan en esta sociedad anónima  recordó a los representantes institucionales que desde un principio quedó claro «que no se gastaría ni un solo euro que no estuviera presupuestado», por lo que estos empresarios consideran «intolerable e inadmisible» que ahora se tenga que afrontar un déficit de casi 300.000 euros.
Recordó que esa condición, determinante para la implicación privada en este proyecto, quedó recogida en las actas primigenias del consejo de administración, por lo que el desfase «lo tienen que afrontar las instituciones públicas».